¿Cierre, o cerrazón?
El 12 de agosto de 2025 marcó el fin de una era en la historia petrolera de Guatemala: la finalización del contrato 2-85 que durante los últimos años operó la empresa franco-británica, Perenco, para la explotación del campo Xan en San Andrés, Petén. Tras 40 años de operaciones, que incluyeron la extracción de más de 146M de barriles de crudo, el Estado asumió el control de los activos, incluyendo instalaciones, oleoductos y una pista de aterrizaje. Este cierre, sin prórroga alguna por parte del gobierno de Bernardo Arévalo, representa, sí, el fin de un acuerdo controvertido, pero también es una oportunidad perdida para el desarrollo nacional en medio de crecientes necesidades económicas y sociales.
A la postre, las condiciones contractuales no eran las más favorables para Guatemala; firmado en 1985, el contrato reflejaba una Ley de Hidrocarburos vetusta, que permitía a Perenco recuperar costos elevados, superando, incluso, los ingresos generados para el Estado. Actualizar la legislación es urgente para evitar repeticiones de estos desequilibrios.
Sin embargo, la respuesta del gobierno —cerrarse por completo a cualquier posibilidad de continuar la extracción petrolera— es un sinsentido que ignora las realidades del país. Guatemala enfrenta carencias crónicas en infraestructura, salud y educación, y el petróleo podría ser un recurso clave para financiar soluciones. El campo Xan no solo producía crudo, sino que suministraba gran parte del asfalto nacional, esencial para reparar y mantener la red vial, que ya sufre deterioro generalizado. Con el cierre, el Ministerio de Energía y Minas advierte que se deberá importar asfalto, elevando los costos de obras públicas. ¿Por qué descartar una actividad que, manejada responsablemente, podría generar empleo y divisas?
La cerrazón de las autoridades —particularmente las medioambientales— ha descartado opciones viables de extracción sostenible. Países amigos, como Canadá y Noruega, han demostrado que es posible equilibrar la producción petrolera con rigurosos estándares ambientales, mediante tecnologías avanzadas y regulaciones estrictas que protegen ecosistemas sensibles. Incluso en Latinoamérica, Brasil y Colombia han implementado modelos que minimizan impactos, incorporando comunidades locales y monitoreo constante. En Guatemala, en lugar de explorar reformas legales o alianzas con empresas éticas, se optó por un cierre abrupto, declarando incluso una “emergencia” para el desmantelamiento, lo que podría durar hasta tres años y va a costar millones al erario que deberían ser utilizados para seguridad, educación o salud, entre otras tantas necesidades urgentes.
Ahora, el foco debe estar en la transparencia del proceso de selección de la compañía encargada del cierre técnico. El gobierno ha iniciado contrataciones urgentes, pero es imperativo que no se otorgue “a dedo”, evitando sombras de corrupción que han plagado contratos pasados. La sociedad guatemalteca debe vigilar que se priorice la eficiencia y el menor costo posible, sin favoritismos.
Resulta lamentable que, con riqueza en el subsuelo guatemalteco, las autoridades prefieran dejarla enterrada mientras miles de necesidades permanecen desatendidas. Este no es un cierre progresista, sino una cerrazón ideológica que condena al país a mayor dependencia externa. Guatemala merece un debate maduro sobre sus recursos: explotarlos con responsabilidad, no ignorarlos. Es un sinsentido que clama por reflexión y acción inmediata.