Los incendios se apagan con dinero
Siempre que la derecha acredita su incompetencia durante la gestión de una crisis catastrófica, todo acaba siendo culpa del destino, del viento, del calor, de la lluvia, del cambio climático que ella misma niega o de un gobierno que no es el suyo
Galicia es la comunidad autónoma que más invierte en su sistema de prevención y extinción –1,2% de su presupuesto–; ni siquiera logra empatar con la aportación del sector forestal a su PIB –cerca de 2 puntos–. De media, todas las administraciones han bajado en más de una cuarta parte el total de los recursos destinados a prevención y extinción de incendios a lo largo de la última década. Es el ciclo del fuego. Después de cada ola incendiaria se dispara el gasto, por si acaso. Un par de veranos con algo de suerte y pocos incendios y vuelta a las andadas: que tenemos muchos gastos y de algún sitio tiene que salir. Nos pasamos los veranos proclamando que los incendios se apagan en invierno, pero se nos olvida nada más empezar cada otoño.
El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, no se cansa de repetir muy ufano que su ejecutivo ha duplicado el presupuesto antiincendios y lo ha situado en más de setenta millones; una cantidad similar a la que el gobierno bipartito de la Xunta dedicaba únicamente a la contratación de medios de extinción en 2007; justo después de la gran ola incendiaria del 2006. Pero oye, amigo ciudadano, no es problema de medios porque la culpa de los incendios fuera de control no es de nadie. Se trata de una desgracia que nos ha caído del cielo traída por unas misteriosas “circunstancias excepcionales” ante las que nada se podía hacer.
María José Gómez, la conselleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia, habla con alarma de treinta o cuarenta focos de fuego diarios para ejemplificar lo inédito de la situación y justificar las más de 22.000 hectáreas quemadas, tras un fin de semana largo de los responsables de la Xunta. Durante aquella ola incendiaria de 2006, en Galicia, se registraron semanas enteras con una media de 300 focos diarios. Pero entonces no había incendiarios y todo se debía a la incompetencia del gobierno socialista y nacionalista, que dejaba arder el monte por ideología. Ahora nos cuentan que centenares de “terroristas incendiarios” han lanzado un ataque coordinado y España arde por mor de esas míticas “circunstancias excepcionales”.
Siempre que la derecha acredita su incompetencia manifiesta durante la gestión de una crisis catastrófica, todo acaba siendo culpa del destino, del viento, del calor, de la lluvia, del cambio climático que ella misma niega o de un gobierno que no es el suyo.
España es la segunda potencia forestal de la UE, puede que la primera. Todos los años van a producirse incendios. Las olas de fuegos brutales y voraces se suceden en intervalos cada vez menores. Frente a tales evidencias la respuesta dominante recuerda mucho a la propia del sector hostelero ante las campañas de verano: cuando vienen los turistas, se contrata; el resto del año, al paro o a buscarse la vida. Nos acordamos de contratar bomberos un mes antes de que empiecen los fuegos y los mandamos a paro al mes de haberse acabado.
En España los incendios no se apagan en invierno; los apaga el invierno. Tenemos sistemas fijos discontinuos de prevención y extinción de incendios. En Castilla y León es incluso peor: soportan la versión del siglo pasado. Hoy, por ejemplo en Galicia, los bomberos son contratados por seis o por nueve meses; en Castilla se mantienen fieles al modelo de cuatro meses y ahorrarse unos eurillos, que siempre vienen muy bien para tapar agujeros fiscales.
Suena duro decirlo, pero es lo que hay: podría arder bastante más. Los cubos de agua ayudan, pero los incendios se apagan con dinero. Sin un sistema estable, profesionalizado y dotado de la logística necesaria y unas políticas de gestión de territorio que asuman que aquello que antes parecía excepcional ahora conforma la nueva normalidad, volverá a pasar y más pronto que la última vez. No tienen nada de excepcional.