Gremios rechazan aprobación de Ley Chlimper 2.0 y exigen al gobierno de Boluarte que no la promulgue
Tras la aprobación de la Ley Chlimper 2.0 en el Pleno del Congreso, diversos gremios agrarios y sindicales manifestaron su abierta oposición a esta norma que tendrá un impacto fiscal de S/1.880 millones anuales. En opinión de Florentino Mallma, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), primó el lobby empresarial por encima del bien común.
Y es que 10 grandes agroexportadoras y otras industrias del sector vitivinícola gozarán del privilegio de pagar una tasa de impuesto a la renta del 15%, en lugar del régimen general del 29,5%, mientras que la agricultura familiar sigue olvidada y los trabajadores se encuentran en condiciones precarias. A juicio de Mallma, el gobierno de Dina Boluarte debería "iluminarse" y observar esta ley.
"Lamentablemente, el Congreso ya la aprobó en segunda votación. Ahora, estamos pidiendo que ojalá Dina Boluarte se ilumine y la observe. Pero, sabemos que así ocurra esto, el Parlamento la aprobará por insistencia. La posición de los trabajadores es que se vaya al archivo, aunque eso parezca poco posible. Nos encontramos en reuniones a nivel nacional para dar una respuesta contundente", aseveró.
En algunos medios de comunicación, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ya salió a defender las bondades de la nueva ley agraria. Lo cierto es que este regalo tributario para el sector agroexportador no se habría materializado sin el respaldo del fujimorismo y el Ministro Ángel Manero, quien anunció la posibilidad de incorporar esta norma en un paquete de decretos legislativos, lo cual fue considerado por Conveagro como un "chantaje" al Parlamento.
Denuncian impacto laboral de Ley Chlimper 2.0
Además del impacto fiscal que tendría esta ley agraria, Mallma se refirió al debilitamiento de la fiscalización laboral. A su gremio le preocupa una disposición que restringe el accionar de Sunafil, que solo podría intervenir en el 25% de los casos que involucran a grandes agroexportadoras, pese a las denuncias por incumplimiento de beneficios laborales, despidos arbitrarios y prácticas antisindicales que existen.
De igual forma, cuestiona el acápite vinculado a digitalizar los documentos laborales como contratos y boletas de pago, ya que se podría dificultar el acceso a la información para los trabajadores rurales, que en muchos ocasiones, no tienen conectividad adecuada o manejo de las plataformas tecnológicas.
"Hablan de una agricultura moderna y sostenible, pero es solo para las grandes empresas. Hay que tener en cuenta que los empresarios van a aprovechar al 100% la presencia de Dina Boluarte que le queda menos de un año. La Ley Chlimper 2.0 es el primer atentado contra los trabajadores. No nos sorprendería que hagan otras normas que nos afecten. Ese dinero que dejará de percibir el Estado, podría servir para hacer obras sociales en diferentes sectores", argumentó.
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Ley Chlimper: Gremios agrarios denuncian retroceso
Para la Convención Nacional del Agro (Conveagro), la aprobación de la nueva Ley Agraria constituye un retroceso histórico ya que daña el modelo asociativo de las cooperativas y no aporta ningún beneficio para la agricultura familiar. A través de un pronunciamiento, responsabilizaron al Congreso y su alianza con el Ejecutivo, de esta decisión que responde a una agenda empresarial.
"Esta norma representa un grave retroceso: atenta contra la sostenibilidad del agro, desconoce derechos logrados y poner en riesgo la seguridad alimentaria nacional. ¡Exigimos un trabajo efectivo y sostenido para frenar este retroceso, así como garantizar un verdadero futuro para el agua", escribieron en sus redes sociales.
En sintonía con este comunicado, la Confederación Nacional Agraria (CNA) consideró que estos beneficios tributarios contenidos en la Ley Chlimper 2.0 agravan la desigualdad en el campo. Por un lado, las familias agricultoras, soportan impuestos y burocracia, mientras que las grandes empresas agroexportadoras reciben privilegios fiscales.
De ser publicada la norma en el diario oficial El Peruano, exigen su inmediata derogación y demandan al gobierno políticas públicas con equidad que prioricen créditos, asistencia técnica y mercados justos para los agricultores familiares. No renuncian a pedir diálogo para construir soluciones, de modo que "no sacrifiquen a la mayoría en beneficio de unos pocos".