El clamor de 11.000 voces exige justicia contra Yoon Suk-yeol y Kim Keon-hee por la Ley Marcial

Unas 11.000 personas han iniciado una acción legal sin precedentes contra el expresidente Yoon Suk-yeol y su esposa, Kim Keon-hee, señalados por desencadenar el estado de emergencia del 3 de diciembre, un episodio que muchos califican como un “golpe blando” para salvaguardar los intereses de la antigua primera dama. Este lunes, el Tribunal Central de Seúl acogerá esta demanda masiva, en la que cada participante solicita 100.000 wones (unos 60 euros) por los daños emocionales y la afrenta sufrida.

Bajo la dirección del abogado Kim Kyung-ho, del bufete Ho-in, los querellantes acusan a Yoon de ejecutar la crisis y, en un hecho histórico, señalan a Kim como la principal instigadora. Según el escrito, la medida buscaba frenar una ley que investigaría a Kim y ocultar su presunta participación en el caso “Namtaegyun Gate”, un escándalo que revela supuestos manejos de influencias y abuso de autoridad. “Kim no fue una mera espectadora en el palacio presidencial; fue la fuerza que impulsó a Yoon a vulnerar el orden estatal para proteger sus intereses”, afirma el documento judicial.

Un atentado contra la democracia surcoreana

Este litigio tiene antecedentes significativos. El 25 de julio, el Tribunal Central de Seúl estableció un hito al condenar a Yoon a compensar con 100.000 wones a cada uno de los 104 demandantes por los perjuicios psicológicos del “12·3”. Ese veredicto, que reconoció el dolor colectivo de una nación traicionada, desató una cascada de acciones legales contra el exmandatario y antiguos funcionarios, como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun. Sin embargo, esta nueva querella marca un punto de inflexión al incluir a la apodada como “María Antonieta” surcoreana, desafiando la tradición de un país donde las cónyuges de líderes raramente enfrentan tribunales.

El texto legal describe el estado de emergencia como un “asalto intencionado” contra los derechos fundamentales, que comprometió la seguridad ciudadana y humilló la soberanía democrática. “El 3 de diciembre, Corea del Sur quedó atónita al ver tanques y soldados en las calles, no por un peligro externo, sino por las ambiciones de una pareja en el poder”, sostiene la acusación.

Un escándalo sin fin

La imposición de la emergencia, que paralizó las instituciones democráticas y sumió al país en el desconcierto, se interpreta como un intento de Yoon por blindar a su esposa frente a pesquisas que apuntaban a su influencia indebida en asuntos estatales. El “Namtaegyun Gate” ha consolidado la idea de que la acusada, lejos de ser una figura ceremonial, ejerció un dominio desmesurado, situándose en el centro de la controversia política.

Yoon, quien apeló la sentencia inicial y depositó 10,4 millones de wones para eludir el pago inmediato de compensaciones, enfrenta ahora un desafío aún mayor. La normativa surcoreana es clara: quienes perpetran, instigan o colaboran en actos ilícitos deben responder de manera conjunta. Para los demandantes, no hay duda: el dúo actuó en complicidad, y ambos deben rendir cuentas por el perjuicio infligido a una nación que aún lleva las heridas de su lucha por la democracia.

Un proceso que definirá un legado

Cuando el tribunal abra sus puertas, se juzgará a una pareja influyente, y el legado de una presidencia que prometió estabilidad y terminó envuelta en el absoluto descrédito.