El Congreso decide el futuro del CAE: entre la mochila de la deuda y el salto al FES

Un cambio profundo es el que dice proponer el proyecto que crea el sistema de Financiamiento para Educación Superior (FES) y que se votará en Sala este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas. Una iniciativa que ha atravesado un complejo camino en las comisiones de Educación y Hacienda y que, entre sus objetivos, está el de reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Este fue un proyecto presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2024 y ha sido una de sus principales promesas. A grandes rasgos, son dos las claves de este proyecto: la creación del FES y la condonación para los deudores de créditos CAE, Fondo Solidario y Corfo.

Durante una actividad en La Pintana, el Jefe de Estado no quedó ajeno e instó al Parlamento a avanzar con el proyecto. “Como hemos luchado desde hace mucho tiempo, tenemos la convicción que la educación es un derecho y no debiera ser una pesada mochila para las familias”, partió indicando al respecto.

“Esta semana, en el Parlamento, se vota el proyecto que termina con el CAE. Lo dijimos en las calles: fin al CAE. Y quiero hacer un llamado a los parlamentarios y parlamentarias a votar pensando en las familias y en la educación”, llamó el Mandatario.

Entre las principales características de este nuevo sistema resaltan cuatro: el financiamiento de los estudios superiores pasará a ser 100% público, dejando a la Banca fuera; no exigirá requisitos como puntaje o nivel socioeconómico; la retribución del FES se adapta en base a la renta del beneficiario a partir de un año del egreso y siempre que supere los $500 mil de ingreso; y no considera el pago de matrícula ni arancel durante la carrera.

El investigador de la Fundación Nodo XXI, Héctor Ríos, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, explicó los dos principales problemas sobre el sistema de créditos en la educación en nuestro país que vuelven relevante avanzar en una reforma al modelo.

“Los créditos aumentan demasiado el costo de la educación superior para las familias, dado que tienen intereses muy altos y, además, están asociados a mecanismos de copago. Además, una de las expectativas era que los créditos mejoraran la recaudación fiscal, porque se consideraba que la inversión pública iba a ser recuperada, pero la realidad ha mostrado que eso no funciona”, detalló el también investigador de la Universidad Central.

Por ello, remarca las diferencias entre el FES y el CAE. “El FES es una contribución contingente al ingreso. No es un crédito, sin embargo, es un instrumento que mantiene la contribución privada y de las familias del sector, pero lo hace en condiciones de mayor protección que implica proteger los ingresos de los egresados de bajas en su salario y también de desempleo, dos características que el CAE no tenía”, explicó Ríos, enfatizando que en esta nueva modalidad “las personas no tienen una deuda individual que pagar a lo largo del tiempo y tampoco tienen intereses que cumplir”.

El otro pilar de este proyecto clave para el gobierno del Presidente Gabriel Boric es la condonación del CAE. Héctor Ríos abordó las claves detrás de este plan. “Ofrece la posibilidad de reducir la deuda a todos en un monto que va desde los $500 mil hasta un máximo de 2 millones y medio, dependiendo de dos componentes importantes: si los deudores terminaron su carrera o no, y si están al día o no”, expuso el investigador.

“Aquellos deudores que no terminaron su carrera pero se mantienen al día, van a recibir la condonación más alta”, prosiguió en su explicación. “A todos se les condona un porcentaje, y también actúa como un incentivo para repactar las deudas y continuar con una reducción más progresiva de la condonación”, agregó.

El desafío para las universidades

También consultado por nuestro medio, Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), ve como “interesantes” algunos de los aspectos contemplados en el proyecto desde el punto de vista de las universidades del Estado.

“Las universidades no vamos a ser más responsables de una parte del aval del Estado. Cuando un estudiante usa el CAE y, por ejemplo, ingresa al sistema durante el primer año, las universidades tenemos que hacernos cargo casi del 80% de los recursos que un banco invirtió en ese estudiante. Tenemos que hacernos cargo, y devolverle eso al banco, y luego tenemos que tratar de cobrarle a un estudiante que en general no tiene forma de pagar”, comenzó planteando.

Además, valora que el nuevo sistema “va a establecer alguna racionalidad sobre el sistema en términos de aranceles, y también de ciertas limitaciones a la matrícula”.

Aunque Osvaldo Corrales catalogó la aprobación del proyecto como algo “indispensable” para reemplazar el CAE, reconoció que existen desafíos para las universidades que deberán afrontar con este nuevo sistema desde el punto de vista del financiamiento. “La implementación del FES supone que la regulación de aranceles se extiende a casi el 100% de la matrícula de las universidades y eso supone un desafío”, comentó.

Reconociendo retos en materia presupuestaria y en generar mayores exigencias, el rector de la Universidad de Valparaíso insistió en que el proyecto “resulta imprescindible” y aseguró que el CAE “tal como lo conocemos es una política pública agotada”.

Desde el CUECH han realizado observaciones al proyecto que se discute en el Congreso que han sido recogidas por el Ejecutivo, como que los estudiantes puedan utilizar un porcentaje del FES y no el 100%. Sin embargo, a su juicio, para darle sostenibilidad en el tiempo al nuevo sistema, Corrales advierte que este debe incluir el acceso al copago.

“Entre el arancel que fija el Estado y el arancel que fijan las universidades, siempre hay una brecha. Esa brecha puede ser mayor o menor, puede ser del 20 o 30%. En un sistema como el CAE, esa brecha se cierra mediante un aporte que hacen las familias, por así decirlo. Si el arancel de una carrera, de 100% el CAE cubre el 70%, la universidad está autorizada para cobrarle a ese estudiante esa diferencia. Nosotros hemos planteado que esa posibilidad también esté en el FES”, señaló.

Para Corrales, quién ve con buenos ojos este nuevo sistema de financiamiento, el copago debe estar limitado para que no se preste a abusos. Para ello propusieron que se incluya en el proyecto porcentajes dependiendo del decil de ingreso de un estudiante, de modo, plantea, que “no sea inviable para las personas pero que sea suficiente para que las instituciones no vean afectada su estabilidad financiera”.

En esta discusión, Corrales también abordó la postura de aquellos quienes señalan que se podría ver afectada la calidad de las instituciones de educación superior con el nuevo modelo. En esa línea, lo comparó con lo ocurrido con la gratuidad.

“Es una discusión razonable y que en parte se soluciona precisamente permitiendo el copago. Por poner un ejemplo, hoy día la gratuidad no permite copago y ciertamente ha significado que las instituciones tengamos algo de menores ingresos, pero yo no diría que eso ha supuesto que la calidad de la educación se vea comprometida. Las instituciones que han optado por la gratuidad en general han podido mantener los niveles de calidad previos a que se implementara esta política”, recalcó.

La previa del debate en el Parlamento

Este miércoles se votará en primer lugar en general y posteriormente, en caso de aprobarse, las indicaciones correspondientes. De tener un resultado positivo, continuará su discusión en su segundo trámite constitucional en el Senado.

No obstante, tal como ha sido la tónica de su discusión, no se visualiza un camino fácil. Desde la oposición ya han dejado en claro su postura contraria ante lo que consideran un proyecto que “debilita la autonomía universitaria y pone en riesgo la sostenibilidad fiscal”.

Consultado por nuestro medio, el diputado de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, catalogó la iniciativa como un “mal proyecto ideológico”. “Hace pagar un impuesto a los alumnos hasta 2,5 veces por 20 años, a aquellos alumnos que les va bien. Y a las universidades, quitarles los patines porque quiere, en los deciles 7, 8 y 9, terminar con el copago, colocar aranceles regulados y eso va a dejar a las universidades sin financiamiento para poder tener extensión, investigación y vinculación con el medio”, sostuvo.

“Nosotros estamos trabajando para que podamos rechazar la idea de legislar este mal proyecto. El desastre no lo va a pagar este propio gobierno, porque esto va a ser a futuro. Entonces lo va a pagar la educación superior chilena y los estudiantes y la familia. Pero si no podemos rechazar, al Senado va a pasar la pura cáscara porque vamos a juntar los votos para rechazar el corazón de este proyecto”, advirtió Mellado.

Por contraparte, la diputada oficialista Daniela Serrano (PC) reconoció estar “muy expectante” al ser consultada por nuestro medio. “Esperamos que la discusión en Sala no solo avance en la idea de legislar. Creemos que es relevante que la responsabilidad del Congreso esté también en aprobar el articulado y el contenido de este proyecto”, manifestó.

“Ahí yo quiero poner mis principales alertas. Hemos visto una derecha defendiendo el copago, defendiendo la desregulación de los aranceles, incluso buscando reponer el lucro en la educación superior”, complementó, enfatizando que espera que no ocurra lo mismo que en la discusión de la reforma de pensiones, en la que pasó un proyecto “sin contenido” al Senado”.