La justicia social… también es energética
Los datos, las evidencias, el reconocimiento de la gente —la realidad, en una palabra— demuestra que el modelo humanista de la Cuarta Transformación produce resultados que se sienten y se pueden medir. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024 ha venido a confirmarlo.
Se trata de un muy vasto estudio realizado por el INEGI entre 2018 y 2024, en el que se nos informa que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, lo que representa el 29.6% de la población. Desde que se llevan registros, no se había observado una disminución de tal magnitud. Lo que representa uno de los cambios más profundos en la vida nacional y por supuesto, en la vida de millones de personas y familias. Gracias a la Cuarta Transformación, México ha dejado de producir… pobres.
Nuestra presidenta Claudia Shienbaum ha dicho que se trata de una hazaña y no le falta razón, dado el largo periodo de gobiernos neoliberales, generadores netos de desigualdades e injusticia.
Dentro de ese cambio profundo destaca, por supuesto, el incremento sostenido del ingreso por trabajo (el aumento de los salarios mínimos), pero hay un dato que me parece, debo destacar en el actual debate público: la reducción, también de la pobreza energética.
Después de casi siete años de gobiernos de izquierda en México, hoy 184 mil personas adicionales cuentan con acceso a la electricidad en su vivienda. Esto implica una reducción de 37.5% en el total de personas con carencia de energía eléctrica y que viven en los lugares más apartados del país. Este avance es importante y aún más, es vital porque la luz en el hogar no solo trae mayor comodidad, sino que permite realizar las actividades más esenciales como mantener frescos los alimentos, trabajar en casa, hacer tarea, tener acceso a información, refrescarse en épocas de calor, entre muchos otros. Justicia energética es mejorar la existencia de la gente.
Ahora bien, la reducción de la pobreza energética no debe verse de una manera aislada, pues no es para nada casual que la pinza (salarios en ascenso y precios bajos en la energía eléctrica) actúen unidos para mejorar la vida de millones. Dicho de otro modo, ¿qué ocurre cuando los ingresos familiares aumentan y los precios de la energía se mantienen estables? El dinero de los hogares rinde más; se amplían los satisfactores a los que se tiene acceso.
Y es que nuestro país ya controla sus recursos energéticos, produce lo que consume y por tanto acrecenta sus capacidades para decidir el rumbo de su economía, pero también el futuro y bienestar de su pueblo.
Por eso es que el concepto de “soberanía energética” no se refiere a un ideal abstracto: es la condición necesaria para que la energía se distribuya y llegue a quienes más la necesitan. Electricidad y combustibles no son mercancías cualquiera, sino bienes estratégicos que determinan la calidad de vida y el bienestar de un país. En resumidas cuentas, construir y consolidar un modelo energético soberano es también y en el fondo, justicia social.
En el segundo piso de la transformación encabezado por nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, las empresas públicas del Estado —Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad— confirman su carácter estratégico e insustituible.
Gracias a la planeación y rectoría del Estado, esas empresas desarrollan una política de precios de los combustibles orientada a proteger el bolsillo de las familias, objetivos imposibles de lograr con la sola fuerza del mercado.
Más ingresos de las familias y energía a precios asequibles y estables, traducen la soberanía energética en el bienestar cotidiano de nuestro pueblo. Lo estamos cumpliendo.