La nueva Ley de Libertad Educativa puesta en vigor por el Gobierno autómico de Carlos Mazón recupera para este próximo curso académico que arranca en septiembre el derecho de las familias a recibir las comunicaciones de su colegio o instituto en castellano o valenciano , como prefieran. De hecho, se ha remitido a los centros un «modelo» para preguntarlo en cada hogar. Aunque desde la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo han puntualizado que -como tal- «no se va a realizar ninguna consulta, consulta sólo hubo una y fue la elección de lengua base », en cualquier caso, madres y padres tienen garantizada la elección de idioma . «Lo que cambia ahora, y así se prevé en la ley de Libertad Educativa , es que las familias tienen derecho a comunicarse en la lengua cooficial que deseen, castellano o valenciano, a la hora de mantener comunicaciones privadas con el centro; esto es, que sólo afecten a su hijo o hija», han detallado desde el departamento del conseller José Antonio Rovira. Esta novedad, que no debería ser tal, puede acabar con algunas prácticas en ciertas escuelas - denunciadas por progenitores y por la asociación Hablamos Español - en las que se remitían mensajes únicamente en valenciano. ABC publicó el caso un tanto excéntrico en el que se propuso a la madre de un alumno « traducir » palabras de los correos remitidos, si tenía dificultades de comprensión por ser castellanohablante únicamente. También ha habido avisos por mail igualmente en los que se advertía de que las comunicaciones se realizarían exclusivamente en valenciano , por tratarse de «la lengua del centro» (ver foto junto a esta información). No obstante, a partir de ahora y a tenor de las explicaciones desde la Conselleria, de cara al nuevo año académico no tendrían cabida estas situaciones. «Por lo demás, con la Ley de Libertad Educativa, todas las comunicaciones generales en los centros se harán en las dos lenguas, castellano y valenciano». De esta manera, esta especie de protocolo asegura que todos los destinatarios entienden por completo lo que se les dice, también quienes llevan poco tiempo en la Comunidad Valenciana y aún no conocen el idioma autóctono de la región. «Hay que diferenciar entre las comunicaciones generales y las individuales con una familia: en este último caso, se deberá prever el derecho del alumnado y de las familias a dirigirse y comunicarse con el centro docente en la lengua cooficial en que deseen hacerlo», enfatizan las mismas fuentes. En cuanto a los impresos, formularios y documentos dirigidos para el alumnado y las familias en general, deberán elaborarse «en formato bilingüe, valenciano y castellano, o bien disponer de modelos en ambas lenguas oficiales». El formato bilingüe también se extenderá a las comunicaciones que dirija el centro a las familias y a los documentos internos del centro que deban ser enviados a los representantes de las familias en los consejos escolares, o a las asociaciones de madres y padres y de alumnado. Esta duplicidad que parecía obvia no se ha respetado durante las dos anteriores legislaturas de Gobierno del presidente socialista Ximo Puig con la Conselleria de Educación dirigida por Compromís, con la justificación de pretender «promocionar el valenciano» por tratarse de una lengua en situación de desventaja frente al castellano. Una versión de la llamada discriminación positiva , si eso existe. Para facilitar el cambio y que no haya dudas, en la página web del Servicio de Educación Plurilingüe de la Conselleria , los centros disponen de un « modelo orientativo» y que puedan concretar las medidas que deberá incluir su plan de uso de las lenguas, en caso de que se encuentren en proceso de elaboración o de revisión del mismo. En el ámbito no curricular , se trata de un documento institucional « obligatorio » para los públicos y privados concertados desde la entrada en vigor la Ley de Libertad Educativa, que sustituye a los planes de normalización lingüística que existían con anterioridad. «El objetivo es regular la utilización de las lenguas cooficiales, las lenguas extranjeras curriculares, así como otras lenguas presentes en el centro, tanto en el ámbito interno no curricular, como en el ámbito social y de relación con el entorno», describen desde la Generalitat en una nota de prensa. Para ello, el modelo puesto a disposición de los centros define el ámbito interno no curricular como aquel que «comprende las relaciones internas del centro educativo con la comunidad educativa y todos aquellos aspectos que hacen referencia a la documentación escrita, el ámbito administrativo y los aspectos burocráticos del centro», tales como modelos oficiales, solicitudes y cualquier documento de matrícula o autorización que se ponga a disposición del alumnado o de sus representantes legales, así como las directrices para la comunicación oral, entre otros. Asimismo, contempla los tipos de documentos que deberán estar a disposición de la comunidad educativa en formato bilingüe (comunicaciones de oficio, documentos internos a los representantes de madres y padres en el consejo escolar, formularios , impresos, etc.). Adicionalmente, el modelo recuerda que el alumnado y sus representantes legales deben tener la información a su alcance en la lengua oficial de su elección, al mismo tiempo que todas las medidas reguladas en el plan deberán « respetar el derecho » del alumnado y de sus representantes legales a dirigirse al centro docente y a comunicarse con él en la lengua cooficial, valenciano o castellano, en que deseen hacerlo. Para ello, el modelo ofrece como directrices que los centros puedan al inicio de curso o al formalizar la matrícula solicitar por escrito a las familias en qué lengua oficial quieren recibir la información o bien solicitar a las familias en la primera reunión presencial de cada curso en qué lengua oficial quieren recibir la información. El plan de uso de las lenguas forma parte del proyecto educativo del centro y debe estar aprobado por el consejo escolar de los centros públicos y la titularidad de los centros privados concertados. Después de la aprobación del plan por parte del centro docente, o de su modificación, este deberá ser remitido a la Inspección de Educación para que lo supervise . Asimismo, deberá ser objeto de seguimiento durante su puesta en marcha por el equipo directivo y consejo escolar de los centros públicos; y en el caso de los centros privados concertados por la titularidad del centro, oído el consejo escolar.
