Víctima de agresión sexual en avión queda sin derecho a indemnización, aunque su agresor fue sentenciado
Una joven británica que fue agredida sexualmente en un vuelo con destino al Reino Unido quedó excluida del esquema oficial de compensación para víctimas de delitos debido a que el avión en que viajaba no estaba registrado en territorio británico. El caso ha generado críticas contra una aparente laguna legal en el sistema de justicia del Reino Unido.
Según el medio británico The Guardian, la agresión ocurrió en setiembre de 2024 durante un vuelo de Qatar Airways que partió de Doha con destino al aeropuerto de Gatwick, en Londres.
Momade Jussab, de 66 años, se sentó junto a la víctima, quien ha sido identificada bajo el seudónimo de Kelly por razones legales. Mientras ella dormía, Jussab le introdujo la mano en los pantalones. Al aterrizar en Gatwick, las autoridades británicas lo detuvieron.
En mayo de 2025, un tribunal de la Corona en Lewes lo condenó a seis años y medio de prisión tras ser hallado culpable de un cargo de agresión sexual con penetración y dos cargos de agresión sexual. Se le impuso una sentencia extendida, lo que implica que deberá cumplir al menos dos tercios de la condena antes de poder solicitar libertad condicional.
El medio Daily Mail publicó que pese a la condena judicial, Kelly no pudo acceder al esquema de Compensación por Lesiones Criminales (CICS, por sus siglas en inglés), administrado por la Autoridad de Compensación por Lesiones Criminales bajo el Ministerio de Justicia. Según las reglas vigentes, solo se consideran “lugares relevantes” aquellos incidentes ocurridos en aeronaves registradas en el Reino Unido.
Kelly, ciudadana británica en sus veintes y residente en Londres, expresó a diversos medios su desconcierto: “Fui atacada en un vuelo en ruta al Reino Unido. Soy ciudadana británica, y este crimen fue investigado y procesado por autoridades británicas. Debería tener derecho a una compensación. Ser excluida del esquema es injusto e ilógico”, dijo a The Guardian el 19 de agosto de 2025.
En declaraciones a la BBC, la joven relató que despertó en la cabina oscura del avión y descubrió al agresor metiendo la mano en sus pantalones, mientras ambos estaban cubiertos por una cobija. “Le dije: ‘¿Qué está haciendo?’. Le pedí que se detuviera. Tuve que apartarle la mano por la fuerza y corrí al baño, dejando mi teléfono, mi pasaporte y mis pertenencias”.
Aunque fue reubicada en otra parte del avión, Kelly aseguró haber sentido miedo de volver a encontrarse con el atacante. Tras la llegada del vuelo y su arresto, la joven esperaba utilizar la compensación para cubrir costos de terapia profesional. “No puedo costear ciertos tratamientos. Solo quiero ser compensada por lo que pasé, quiero ayuda profesional y quiero ser escuchada”, manifestó al Daily Mail.
El despacho jurídico Leigh Day, que representa a Kelly, envió una carta a la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, solicitando modificar las reglas del esquema de compensación. Argumentan que la normativa no se ha actualizado conforme a la Ley de Aviación Civil de 1996, la cual permite procesar delitos cometidos en aeronaves extranjeras que se dirigen al Reino Unido.
“La cliente sufrió una horrenda agresión sexual en un vuelo con destino al Reino Unido. Fue rechazada del esquema de compensación simplemente porque el avión tenía matrícula extranjera y las normas no han sido reformadas”, indicó Claire Powell, abogada del bufete Leigh Day.
Por su parte, el Ministerio de Justicia británico respondió: “Nuestras condolencias permanecen con esta víctima, y seguimos firmes en nuestra misión de reducir a la mitad la violencia contra mujeres y niñas en una década. Las reglas que sigue la Autoridad de Compensación por Lesiones Criminales y los valores de los pagos son establecidos por el Parlamento. Existen otras vías disponibles para que las víctimas reciban apoyo”.
Actualmente, el CICS contempla pagos que van desde £1.000 (aprox. $1345) hasta £250.000 (aprox. $336.508) por daños físicos o psicológicos, con un tope máximo de £500.000 (aprox. $673.017) en casos acumulativos. No obstante, cualquier cambio a sus reglas requiere aprobación parlamentaria.
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