La campaña de boicot contra una heladería del barrio de Gracia en Barcelona por supuestamente haber llamado «maleducada» a una clienta que exigía ser atendida en catalán ha llevado a los grupos municipales del PP y Vox a exigir medidas para evitar este tipo de acoso. La campaña en redes se trasladó hace dos días al propio establecimiento, que apareció con pintadas y pegatinas en su persiana. En este sentido, el presidente del grupo del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado hoy que el Ayuntamiento «actúe de oficio contra todos aquellos que, desde las redes sociales o cualquier otro ámbito, amenacen o promuevan el acoso o inciten a agresiones contra personas o establecimientos comerciales de la ciudad». En los últimos meses, denuncia el PP, se han multiplicado los episodios de señalamiento público contra establecimientos y profesionales por utilizar el castellano en sus comunicaciones. El caso más reciente es la citada heladería Dellaostia, en Gracia «No se trata de un hecho aislado. Hace un año, la CUP y Plataforma per la Llengua impulsaron una campaña de denuncias contra comercios que no rotulaban en catalán, que se saldó con más de 120 expedientes administrativos», añaden los populares. En paralelo, Aliança Catalana ha puesto en marcha esta misma semana una campaña para señalar a establecimientos de la ciudad de Barcelona que no utilizan el catalán, «lo que ha provocado numerosos mensajes en redes sociales llamando al acoso e incluso a pedir el cierre de negocios». Sirera ha considerado que «Barcelona no puede convertirse en un espacio donde se tolere el odio, la intimidación o el señalamiento. Toda incitación a la violencia debe tener una respuesta inmediata de las autoridades, porque lo que está en juego es la convivencia y la seguridad de los vecinos». En este sentido Sirera ha anunciado que presentará una iniciativa en el Ayuntamiento para exigir que la Guardia Urbana , en colaboración con los Mossos d'Esquadra, actúe de oficio frente a mensajes que promuevan amenazas o inciten a agresiones, «monitorizando las redes sociales, levantando atestados policiales sobre estas publicaciones y remitiéndolos a la Fiscalía o al juzgado». Sirera también quiere que se habilite un protocolo municipal de protección y apoyo a los comercios o personas amenazadas, incluyendo presencia policial preventiva y contacto directo con los propietarios afectados. La iniciativa presentada por el grupo municipal requiere al Ayuntamiento para que refuerce la coordinación con los cuerpos de seguridad para actuar con rapidez en casos de hostigamiento, amenazas o vandalismo. Por último, el PP plantea que se apliquen sanciones administrativas a quienes inciten a cometer desperfectos o daños, aplicando la ordenanza de civismo. En la mima línea, el grupo de Vox ha anunciado medidas contra lo que define como « intimidación y extorsión ». Entre estas, Vox exigirá que el Ayuntamiento de Barcelona se persone como «acusación popular en los procesos judiciales abiertos contra los responsables de estos ataques, en defensa de los particulares y comerciantes que han sido señalados y amenazados por el uso legítimo del español en su vida diaria o en sus negocios». De igual modo, Vox solicitará la creación de una Comisión Extraordinaria en el Ayuntamiento para «condenar estos hechos, exigir el respeto a ambas lenguas oficiales y poner fin al trato de ciudadanos de segunda que sufren los hispanohablantes en la ciudad». En paralelo, Vox anuncia la apertura en los próximos meses de una Oficina de apoyo y asesoramiento «para todas aquellas personas que sufran ataques o amenazas por utilizar el español en Barcelona». El portavoz de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro , ha señalado que «Barcelona debe ser un ejemplo en el respeto de sus vecinos y sus derechos, independientemente de la lengua que utilicen. No vamos a parar hasta garantizar la libertad plena de uso del español y del catalán, frente a la imposición y la cobardía de quienes callan ante los ataques». Vox recuerda que el español y el catalán son lenguas oficiales en Cataluña y que ambas deben poder usarse con total libertad, sin que los ciudadanos sufran coacciones ni discriminaciones por ejercer este derecho.
