INPE detrás de opositores del Gobierno de Dina Boluarte: Martín Vizcarra y Bettsy Chávez

De edades diferentes y gobiernos distintos, la única relación que se puede establecer entre Martín Vizcarra y Betssy Chavéz es su oposición al gobierno de Dina Boluarte. Esa misma razón parece que hoy los ha convertido en objeto de represión del INPE. Por un lado, la exprimera ministra denuncia maltratos dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos y, por el otro, el expresidente podría ser retirado del penal de Barbadillo a otro de menor protección y pésimas condiciones como el penal de Lurigancho.

Martín Vizcarra pasaba sus días entre sus presentaciones como pre candidato presidencial del partido Perú Primero y audiencias por el caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua. Cuando se le solicitó, siempre se presentó de manera presencial a las sesiones judiciales, brindaba sus descargos y, para demostrar que no tenía intenciones de salir del país, sustentó arraigo laboral y familiar. Pese a ello, el 13 de septiembre, el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra alegando que existe riesgo de fuga.

Algunos especialistas, como la abogada Rosa María Palacios, cuestionaron esta decisión indicando que Vizcarra ha demostrado una correcta conducta procesal y que el hecho de que tenga hijos mayores de edad o que su trabajo sea en una empresa familiar no lo desacreditan. Aún así, el curso de la orden judicial siguió y el exmandatario fue trasladado a una carceleta del PJ y, posteriormente, fue designado al penal de Barbadillo, lugar que también alberga a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

No dudaría mucho tiempo ahí. El 20 de septiembre último mediante una resolución directoral, el INPE dejó sin efecto su permanencia a Barbadillo por presuntas irregularidades y dispuso la conformación de una nueva Junta Técnica de Clasificación que definirá en qué establecimiento penitenciario deberá acatar la medida judicial.

De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso La República, el instituto penitenciario argumenta que se detectó que en la ficha de clasificación el exjefe de Estado obtuvo un puntaje de 10, por lo que debió ser enviado al penal de Lurigancho, centro al cual envían a los procesados que cuentan con un puntaje entre 8 y 11. Asimismo, indicaron que el penal de Barbadillo "no se encuentra considerado en la Directiva de Clasificación como un Establecimiento Penitenciario de destino".

Todos estos fundamentos fueron ratificados por el jefe del instituto penitenciario, Iván Paredes, quien aseguró a la prensa que no se trata de una decisión con influencia política. “Que quede bien claro. Ni la presidenta, ni una institución pública, ni privada, se ha metido. No hay injerencia en esto. Vuelvo a repetir, la Junta de clasificación es autónoma. Entonces, ellos van a decidir si se va a Barbadillo, queda en Barbadillo o se va a otro penal. Ellos ya lo decidirán porque son las autoridades”, respondió a RPP.

La defensa de Vizcarra,Erwin Siccha, comunicó que este giro ha causado "afectación psicológica" en su cliente y tiene preparado un habeas corpus correctivo para impugnar la decisión por la vía administrativa.

"Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Vizcarra y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos", dijo.

A este rechazo se sumaron algunos ciudadanos de Moquegua, región natal del expresidente, quienes al conocer del posible cambio realizaron una vigilia a modo de protesta.

Betssy Chávez denuncia abusos dentro del penal de Mujeres

Paralelamente, Betssy Chávez viene denunciando abusos físicos en el interior del penal Anexo Mujeres de Chorrillos y al momento de ser trasladada al penal de Barbadillo para las audiencias de juicio oral. Ha presentado sus reclamos en las sesiones y, al no ser escuchada, ha realizado huelga de hambre en más de una oportunidad.

La última vez se trató de una medida más radical. Por medio de una carta testamentaria enviada a su madre, el 19 de septiembre último, la exprimera ministra anunció que iniciará una huelga de hambre seca y exigió no ser reanimada. Además, dio instrucciones sobre el proceso a seguir después de su fallecimiento.

"Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a la señora Dina Boluarte y que tienen como consigna mi deterioro continuo, imposibilitando que pueda asistir a las diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día", se lee.

Al día siguiente, el 20 del mismo mes, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, informó que su patrocinada ha levantado su huelga de hambre por 48 horas. En tanto, el INPE informó que se encuentra con signos vitales estables.