Crímenes en el Callao se disparan: cifras de homicidios y extorsiones se elevan un 57% respecto al 2024
La inseguridad dejó de ser una percepción hace muchísimos años, cifras oficiales revelan un incremento significativo en casos de homicidios, extorsión y violencia a nivel nacional, según el Sistema de Registro y Control de Denuncias (Sidpol) de la Policía Nacional. A pesar de los innumerables estados de emergencia y prórrogas, el Perú continúa enumerando las muertes de sus ciudadanos.
Luego de Lima, la Provincia Constitucional del Callao ocupa el segundo lugar como una de las regiones con más denuncias por el delito de homicidio. Con respecto al año pasado, la región del Primer Puerto aumentó en un 57% el número de muertos en el primer semestre del 2025. Es decir, por cada 1000 habitantes se reporta 14.8 denuncias por homicidios, según Sidpol.
Además, la región también registra un ascenso del 52% en casos de extorsión. De enero a julio del 2025 se ha contabilizado 555 denuncias por este delito en los siete sectores que lo conforman, principalmente en los distritos del Callao y Ventanilla.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés Cavassa, en entrevista con La República, señala que "hay un incremento de la violencia que se expresa en muertes, y, que estos asesinatos se desprenden de los procesos extorsivos que están siendo muy mal manejados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional".
Criminalidad crece en el Callao
Durante el primer semestre del 2025, Lima Metropolitana contabilizó 562 denuncias por homicidio, con un 3% de variación. En comparación con la región Callao, este tuvo un incremento de 66 muertes en comparación al 2024; es decir, tuvo un 57% de variación, según el reporte oficial del Mininter. Asimismo, los distritos que evidenciaron un incremento significativo en los delitos de extorsión son Callao y Ventanilla.
La seguridad es un tema multisectorial
Valdés Cavassa menciona que la seguridad es un tema multisectorial que requiere de una serie de esfuerzos por parte de las instituciones encargadas, ya que la responsabilidad no solo recaería en la PNP y el Mininter, sino también en otros operadores de justicia.
"El primer frente, la punta de la lanza, es la Policía Nacional, luego se encuentra el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. Hay toda una dinámica que se debe comprender para poder pensar en alternativas creativas para evitar la criminalidad", expuso.
Para el exviceministro, la criminalidad ha superado al Gobierno de Dina Boluarte, porque es un Estado que no anticipa, solo reacciona burocráticamente con medidas improvisadas. Y que, para ello, se debe tener una visión amplía y sistemática, en la que participe todos los involucrados. En ese sentido, agregó que el primer ministro es el responsable, a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de intervenir para que los Gobiernos Regionales y Locales trabajen conjuntamente con las instituciones involucradas.
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Corrupción y falta de gestión
La sociedad peruana no solo enfrenta graves problemáticas sociales como la inseguridad ciudadana, sino también la ineficiencia administrativa de sus gobernantes y la corrupción. Según Ricardo Valdés, estas son las principales causas que evidencia una institución débil, como es el caso de la PNP. "Se dice que el Interior carece de dinero, es parcialmente cierto, porque si hay dinero, (solo) no se ejecuta", exhortó.
Un caso que evidenció esta crisis de gestión fue la lamentable muerte del suboficial Munive, quien tuvo que comprar su propio chaleco antibalas sin haber pasado garantías o certificaciones. Una responsabilidad que le corresponde al Mininter, a través de la Policía. "La entidad tenía que haber ejecutado S/ 9 millones para recibir los chalecos antibalas, pero la ejecución del presupuesto fue de cero y sigue siendo cero a la fecha. No se ha gastado ni un sol. Tenemos un serio problema de gestión", sentenció el exviceministro.
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Parque automotor en déficit
La Provincia Constitucional del Callao está conformada por siete distritos que son dirigidos por sus municipios respectivamente. Todos ellos deben trabajar conjuntamente con el Gobierno Regional del Callao, que es la autoridad administrativa superior encargada de promover el desarrollo económico, social y cultural. Esta entidad es dirigida actualmente por Ciro Castillo Rojo.
La República se contactó con el área de prensa del GORE Callao para conocer si la entidad ha puesto en marcha planes de trabajo conjunto para la lucha contra la inseguridad. En respuesta a la consulta, señalaron que se había entregado 85 motos a la PNP de su jurisdicción, como parte de hacer frente a la criminalidad, entre otros datos de inversión futura. Sin embargo, al cierre de la nota, la institución liderada por Castillo Rojo no respondió sobre qué acciones viene trabajando la Gerencia de Seguridad durante los estados de emergencia dictados por el Gobierno en lo que va del 2025.
Por otro lado, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter, a julio de este año, la Policía de la región Callao cuenta con 349 vehículos, de los cuales solo 151 camionetas y 18 motocicletas funcionan. Además, de las 170 unidades inoperativas, 82 camionetas y 79 motocicletas se encuentran en condición de irrecuperable. En tanto, el GORE Callo, indicó que se entregó 85 motos, pero estas aún no son distribuidas
Estas deficiencias se replicaría a nivel nacional, Valdés sostiene que "hay un serio problema de control territorial en la medida que tenemos el 40% del parque automotor absolutamente inhabilitado". A pesar de ello, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, dispuso S/17.3 millones para la adquisición de 168 vehículos para el Comando Policial. Del total de unidades, se compraron 8 camionetas Audis valorizadas en S/1 millón 606 mil; y 40 camionetas Toyota RAV4 en S/5.2 millones. Un dinero que pudo ser utilizado para repotenciar la tecnología y recursos de la institución ante el notable aumento de la criminalidad.
En este contexto, se evidencia que hay una baja representación del Estado con respecto a la Policía Nacional. Las cifras oficiales confirman que el índice de criminalidad y violencia va en aumento. Desde el Ministerio del Interior hasta los gobiernos locales no toman acciones conjuntas por falta de capacidad administrativa y de gestión. En tanto, mientras que las altas autoridades velen por sus propios intereses, los peruanos continuarán viendo la seguridad como una percepción y la inseguridad como una realidad.
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