Rodrigo Chaves en audiencia por levantamiento de inmunidad: Diputados reciben informe de magistrado y declaración de Bulgarelli
La Comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, recibió este jueves documentación que había solicitado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República sobre la acusación contra el mandatario y el ministro por el presunto delito de concusión.
En sesión del miércoles, los diputados aprobaron solicitarle al Tribunal de la Corte Plena una copia certificada del informe que emitió el magistrado suplente de la Sala Tercera, Manuel Mena Artavia, en el que recomendó darle curso a la solicitud de levantamiento de la inmunidad de Chaves y Rodríguez que hizo el fiscal general, Carlo Díaz.
La moción para solicitar ese informe fue aprobada con dos votos a favor y uno en contra.
Además, se aprobó la moción de Andrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) para solicitarle a la Fiscalía General de la República la declaración que brindó Christian Bulgarelli Rojas.
Esa moción fue aprobada también dos a uno, con Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), en contra, porque aseguró que no le corresponde a la comisión especial ampliar el expediente enviado por la Corte Suprema de Justicia, sino solo saber si hay mérito para levantarle la inmunidad al presidente de la República o no, y no entrometerse en funciones de otros poderes.
La presidenta de la comisión especial, Andrea Álvarez, señaló que fueron recibidos ambos documentos. La legisladora dijo se solicitaron esos datos porque a ellos les corresponde analizar, según mandato constitucional, si hay suficientes elementos para la formación de una causa penal.
“Nuestro análisis debe ser sumamente serio y, si consideramos que necesitamos más elementos para tomar una decisión seria y fundamentada, la Asamblea está en pleno derecho de pedir esa información. Yo hice la aclaración de que, si la Fiscalía o el Poder Judicial, consideraban que era una amenaza al proceso, yo respetaría su decisión”, indicó.
Álvarez apuntó que queda tranquila por haber recibido dicha documentación, sin ningún problema.
Rodrigo Chaves tendrá todo el tiempo para su defensa
La presidenta de la comisión especial también indicó que ella les dará, tanto a Rodrigo Chaves como a Jorge Rodríguez, “todo el tiempo que necesiten para hacer su alegato, a menos que haya cuestiones reiterativas” y entonces les pediría que cierren.
Andrea Álvarez agregó que, posteriormente, les dará la palabra a los tres miembros de la comisión para que hagan las preguntas que consideren pertinentes y, luego, a los diputados que asistan, tal como tienen permitido.
“En cuanto a la publicidad de la sesión, mi objetivo va a ser que sea pública en la medida de lo posible. El Poder Legislativo se rige, por definición, por el principio de transparencia. En la medida de lo posible, será pública, a menos que en ciertos momentos alguna de las personas comparecientes solicite que sea privado y lo vería con mis compañeros de comisión”, agregó.
En abril, Carlo Díaz presentó acusación penal contra Chaves y Rodríguez por el presunto delito de concusión, que se habría dado por una supuesta solicitud del presidente al empresario Christian Bulgarelli de entregar a su asesor, Federico “Choreco” Cruz,$32.000 para el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.
Ese dinero provenía del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación a la Casa Presidencial. En el caso de Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves, habría sido presuntamente el nexo para dicha petición.
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su calidad o sus funciones, para obligar o inducir a alguien a dar o prometer un bien o beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida. La pena que establece el artículo 355 del Código Penal por esa conducta es de dos a ocho años de cárcel.
En el caso de Bulgarelli, el fiscal señaló que, como no es un funcionario público, el delito que se le achaca es el de favorecimiento real: los mismos hechos, pero desde la acción pública.