Zidane Zeraoui: La tentación autoritaria
La recién salida de la ministra presidenta, Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo que del pleno de jueces de esta máxima instancia judicial, al celebrarse la última sesión extraordinaria prevista en la ley, para dar paso a los ministros que integrarán el nuevo cuerpo colegiado ha conllevado a una serie de cuestionamientos sobre el futuro del máximo órgano judicial de la Federación.
Si bien anteriormente, los jueces de la Corte Suprema eran designados por el poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso, lo que permitía a los partidos políticos, tener cierta injerencia en la designación de los jueces, el día de hoy el proceso de selección a todos los niveles de la estructura judicial conlleva a cuestionar no solo la capacidad, sino la independencia de los jueces electos.
Este fenómeno de control de los órganos de contrapeso al poder Ejecutivo y de la división de poderes es ya una práctica común en el panorama mundial actual.
Podemos señalar la Venezuela de Nicolás Maduro o Nicaragua de Daniel Ortega con su esposa y copresidenta Rosario Murillo, entre otros. Parece ser que la nueva tendencia de la política es acallar a las voces disidentes y a los contrapesos institucionales.
La idea de los órganos autónomos ha desaparecido prácticamente del panorama político. En efecto, la autonomía permitía a varias instituciones como las instancias electorales, entre otros, ser árbitros en la pugna política. Pero parece ser que esta autonomía no encaja en la visión de los gobiernos populistas que sean de derecha o de izquierda los cuales se perfilan cada vez más hacia modelos autoritarios.
Hemos visto como en varios países, no solamente de América Latina, los gobiernos han limitado a estos órganos que garantizaban un juego político, medianamente más “limpio”, abierto y plural.
También, la idea de eternizarse en el poder se ha vuelto una práctica común como en Venezuela, Nicaragua, Rusia, Turquía, y recientemente en El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele, usando su amplio respaldo popular, reflejado en la cifra de más de 90% de aceptación entre la población salvadoreña, modificó la Constitución para eliminar los candados a la reelección. De esta manera, Bukele podría quedarse permanentemente en el poder, como lo han hecho varios líderes en otros países, tanto de la región como a nivel mundial.
Si bien la existencia de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no garantiza una verdadera democracia como se ha visto en varios Estados, es, sin embargo, un instrumento para limitar el poder de uno de los tres, generalmente el ejecutivo. Además, los órganos autónomos con una función específica permitían un mayor control a los abusos de poder y una transparencia en el manejo de las cuentas públicas. La eliminación de estas instituciones permite precisamente al poder ejecutivo actuar libremente sin rendiciones de cuenta como en el caso de la construcción de las tres obras icónicas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Tres Bocas en Tabasco, en donde el gobierno utilizó el argumento de la seguridad nacional, como escudo para no dar datos sobre la construcción de estas obras.
Así, la tendencia monopolizadora del poder ejecutivo en varios países ha mostrado los límites de la democracia para oponerse, efectivamente, a las pretensiones populistas que sean de derecha o de izquierda, y más aún cuando el liderazgo político tiene una gran aceptación popular, como en los casos de Bukele o de López Obrador.
En el pasado, el autoritarismo se realizaba vía un partido hegemónico con fraudes electorales permanentes o por la toma del poder de parte de un caudillo militar.
Estos esquemas dejaron de existir, salvo algunos casos de países africanos donde las fuerzas armadas siguen siendo el elemento central de la política nacional. Hoy día, en varios países de América latina, el populismo se ha convertido en un sistema autoritario, usando la pobreza de la población, el fuerte analfabetismo y las necesidades de las clases populares.
Con discursos mesiánicos y dádivas como becas, apoyos a la población adulta mayor o a las mujeres, madres solteras, los líderes han consolidado su posición, modificando las estructuras constitucionales, como la separación de los poderes y sometiendo la estructura judicial y legislativa al ejecutivo.
En México, la salida de Norma Piña de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el cuerpo en pleno de magistrados, marca el fin de un periodo en el país.
Los nuevos jueces que están tomando sus cargos, deberán demostrar su independencia del poder político para tener credibilidad en sus funciones. De lo contrario, el poder judicial se podría convertir en el brazo ejecutor del gobierno y no un instrumento de defensa de los derechos del pueblo.
El autor es Doctor en Ciencia Política, especialista en política internacional y asuntos regionales y del Medio Oriente. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.