Tres años después de la aprobación de la normativa que obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la implantación de estas áreas avanza con lentitud y grandes diferencias territoriales. Según datos recopilados por Velca, fabricante español de motos eléctricas, a partir de informes del RACE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), solo el 37% de las ciudades obligadas ha puesto en marcha, anunciado o iniciado pruebas de estas zonas. En términos absolutos, de los 149 municipios que deben cumplir con la normativa, únicamente 55 han dado pasos efectivos. La obligación se remonta a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 y al Real Decreto 1052/2022, que fijaba restricciones al tráfico más contaminante en áreas urbanas con más de 50.000 habitantes. No obstante, la aplicación práctica avanza despacio y de manera desigual, algo que la compañía alega que ralentiza la transición hacia la movilidad eléctrica. En el caso de las motocicletas, la situación es especialmente significativa. De acuerdo con datos de la DGT, el 30% del parque de motos carece de etiqueta ambiental. Por contraste, apenas el 1,2%, unas 54.000 unidades, son eléctricas y cuentan con etiqueta Cero. A diferencia del mercado de turismos, en el ámbito de las dos ruedas apenas existen opciones híbridas, lo que convierte a las eléctricas en la única alternativa sostenible. A los retrasos en la implantación de las ZBE se suma la falta de eficacia de los planes de incentivos, las demoras en la entrega de ayudas y la insuficiente red de recarga. El Plan Moves III, reactivado con 400 millones de euros, establecía un plazo máximo de tres meses para que las comunidades autónomas publicaran las convocatorias. Sin embargo, diez de ellas —Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra—, además de Melilla, no cumplieron ese calendario. En aquellas comunidades que sí, como Madrid, la alta demanda provocó que los fondos se agotaran en pocas semanas. La consecuencia fue la apertura de listas de espera que dejan a muchos solicitantes sin acceso inmediato a las subvenciones. Para Velca, esta situación genera incertidumbre y desanima a los ciudadanos a apostar por la movilidad eléctrica. Por ello, la compañía insiste en la necesidad de establecer «un plan de incentivos directos e inmediatos, sin papeleo ni tributación», que permita a los conductores recibir la ayuda sin adelantar el dinero y sin esperar hasta dos años para percibirla. Otro de los aspectos críticos es la falta de infraestructura adaptada a las motos y ciclomotores eléctricos. Velca propone aumentar la instalación de enchufes domésticos de 220V en calles, garajes y viviendas, una solución de bajo coste que permitiría recargar estos vehículos en pocas horas sin depender de la red destinada a turismos. En este contexto, Emilio Froján, CEO de Velca, advierte: «Más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta ambiental. Parece que las preocupaciones sólo se centran en los coches, pero hay un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Necesitamos acelerar la electrificación y para eso hace falta decisión política».
