Ley de Alquileres | Los propietarios podrán incrementar a los inquilinos el precio del alquiler por fuera del contrato
Desde la derogación de la Ley de Alquileres en Argentina, el mercado inmobiliario atraviesa una etapa de cambios que afecta tanto a propietarios como a inquilinos.
Aunque la normativa anterior establecía límites claros para los aumentos, hoy los contratos se rigen por acuerdos entre partes, lo que abre la puerta a subas por fuera de lo pactado originalmente.
En este nuevo escenario, los propietarios pueden aplicar incrementos que no estén contemplados en el contrato inicial, siempre que exista consentimiento del inquilino.
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Esto ocurre, por ejemplo, cuando ambas partes renegocian el valor del alquiler antes de que se cumpla el plazo acordado. Si el inquilino acepta, el aumento se considera válido, aunque no esté respaldado por una cláusula específica.
¿Qué deben tener en cuenta los inquilinos?
La clave está en conocer los derechos y no ceder ante presiones indebidas. Si el contrato vigente no contempla ajustes antes de cierto período, el inquilino puede negarse a pagar cualquier monto adicional.
En caso de conflicto, existen mecanismos de conciliación y asesoramiento legal disponibles en organismos como Defensa del Consumidor o asociaciones de inquilinos.
Además, es fundamental conservar una copia del contrato y los comprobantes de pago, ya que son la base legal para cualquier reclamo. En situaciones donde el propietario intenta aplicar un aumento unilateral, el inquilino puede exigir el cumplimiento de lo firmado.
¿Qué pasa con el IPC y los aumentos anuales?
Antes de la derogación, los ajustes se realizaban una vez al año y estaban atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hoy, ese parámetro dejó de ser obligatorio, aunque sigue siendo una referencia útil para negociar subas razonables. Algunos contratos nuevos lo incluyen como guía, pero no es obligatorio.
Aunque la ley de alquileres ya no impone topes estrictos, los acuerdos deben respetar principios básicos de equidad. Si el aumento resulta desproporcionado o se aplica sin consenso, el inquilino puede recurrir a instancias legales. La falta de regulación no implica que todo esté permitido.