No olvidamos: la lucha contra la impunidad debe ser un imperativo
En el Día de las Víctimas de Violencia Policial, es un buen momento para traer a la memoria a las víctimas de ayer y de hoy. Esta fecha fue instaurada en recuerdo de Manuel Gutiérrez, joven que murió tras recibir un disparo de Carabineros cuando observaba una manifestación en 2011.
Chile ha sido escenario de graves violaciones de derechos humanos producto del abuso policial y el uso excesivo de la fuerza. Por un lado, las consecuencias brutales de la dictadura que dejó miles de personas desaparecidas, ejecutadas y torturadas. Por otro lado, tras el estallido social de octubre de 2019, pudimos ver que el “nunca más”, que enarbolamos en innumerables ocasiones, fue insuficiente a la hora de evitar nuevos horrores. La tortura, los malos tratos e incluso las muertes causadas por agentes del Estado, nuevamente mancharon parte de nuestra historia. Y hasta el día de hoy siguen a la espera de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, ¿qué más debe ocurrir para que se tomen las medidas necesarias contra la impunidad de ayer y de hoy?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos consignó en las querellas que presentó a 3.828 víctimas entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, cuyo promedio de edad es de 26 años. De este total, el 25% son mujeres y el 15% corresponden a niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, según cifras del Ministerio Público a agosto de 2025, de un total de 10.142 denuncias por la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas ejercida durante ese periodo, sólo ha habido 187 casos formalizados y 67 sentencias condenatorias, las que equivalen a menos del 1% del total de denuncias. La impunidad que esto sigue representando es escandalosa.
A la falta de justicia señalada, se une la falta de reparación integral en general y a las víctimas de trauma ocular en particular. Por ejemplo, el ‘Plan de acompañamiento y cuidado a personas víctimas de trauma ocular’ (PACTO), con el fin de brindar apoyo en salud a las cientos de personas afectadas. Sin embargo, y a casi seis años de lo ocurrido, la implementación de este plan despierta varias alertas y dista de haber cumplido sus objetivos. Lo mismo que sucede con el ‘Programa de reparación y atención en Salud’ (PRAIS) para víctimas de la dictadura, cuyas mejoras no terminan de producirse, generando la misma postergación.
En cuanto a PACTO, entre los desafíos que se deben atender con mayor premura están la debilidad y parcialidad en las atenciones en regiones y las demoras y esperas para muchas de las víctimas. Además, nos preocupa especialmente advertir que ya son nueve, al menos, las personas víctimas del estallido social fallecidas, varias se han quitado la vida, y no se ha hecho lo suficiente para combatir las causas de esta situación, ¿cuántas vidas más perderemos antes de que se implemente correctamente este plan y se incorporen otras medidas de manera eficaz?
Recordar es frágil pero fundamental para evitar que hechos tan devastadores se repitan. Por eso, no olvidamos y hacemos memoria. La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser un imperativo que implique tomar medidas concretas para avanzar hacia la verdad, justicia y reparación para las víctimas, las de ayer y las de hoy. La demora en la implementación de estas medidas sólo revictimiza y cultiva temor y desconfianza en la ciudadanía, pero sobre todo, en las víctimas y sus familias.
Por eso, desde Amnistía Internacional, insistimos y hacemos un llamado urgente al Estado y las autoridades responsables para que tomen las medidas necesarias para la implementación de una ley de reparación integral para las víctimas. Ya lo dijimos en nuestro informe “La reparación integral de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social”: las personas que sufrieron la afectación de sus derechos fundamentales en el contexto del estallido social como consecuencia de la actuación de agentes del Estado deben ser consideradas como víctimas, es decir, son titulares del derecho a la reparación integral y el Estado está obligado a promover y proteger ese derecho.
Asimismo, el Estado debe promover y adoptar garantías de no repetición. Estas medidas deben adoptarse considerando las recomendaciones de diversos organismos internacionales, que destacaron especialmente la necesidad de una reforma profunda a Carabineros, que revise entre otras cosas, su doctrina, su normativa interna, su naturaleza militar y sus procesos formativos. Urge también entender que lejos de debilitar la labor de Carabineros, mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas, les fortalecería.
A la vez, como sociedad debemos entender de una buena vez que el mantenimiento del orden público y la seguridad no se contraponen a los derechos humanos sino al contrario, son elementos fundamentales de un Estado de Derecho. Solo así lograremos por fin hacer realidad el “nunca más”.