El Gobierno aprueba el mecanismo para comenzar los traslados de menores inmigrantes a la Península

En el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones de verano, el Gobierno ha abordado algunas de las asignaturas pendientes de cara al nuevo curso político . Unas nuevas cuentas anuales, un plan de lucha contra la corrupción, la derivación de miles de menores no acompañados a la Península y las ayudas para los afectados por los incendios. El del reparto de los más de 3.000 menores que continúan hacinados en el archipiélago canario y la ciudad autónoma de Ceuta es un asunto que mantiene en pie de guerra a la Administración central y al Gobierno insular de Fernando Clavijo . Tras más de un año y medio de espera, el Ejecutivo ha aprobado este martes el mecanismo para que las Islas puedan declararse en situación de contingencia migratoria, el último paso de este largo vía crucis. Desde el Gobierno son optimistas con este nuevo paso y entienden que este Real Decreto que articula el procedimiento de reubicación de los menores es una buena noticia para el Ejecutivo de Clavijo. Esta nueva norma, de carácter urgente, establece que cualquier comunidad autónoma que triplique su capacidad ordinaria de acogida de menores no acompañados puede declarar la contingencia migratoria. Una vez adquirida esa condición, comenzará los trámites para que sea la subdelegación del Gobierno en dicha comunidad la que elabore el expediente de traslado de los menores y determine cuál será el territorio de destino. Después, tal y como está previsto en el decreto, la comunidad autónoma de destino deberá « adoptar las medidas necesarias al fin de garantizar la adecuada atención integral de las personas menores de edad y su acogimiento». Ahora mismo, España acoge a aproximadamente 16.000 menores sin referentes parentales y este nuevo decreto sienta las bases de cómo deberían estar repetidos estos niños, cuya tutela corre a cargo de la comunidad autónoma en la que estén. Desde el Gobierno defienden que el sistema que se ha diseñado es «garantista» , pero las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular discrepan. Primero porque ven con malos ojos que Cataluña y País Vasco hayan quedado excluidos de este reparto extraordinario, y segundo porque entienden que ningún otro territorio está preparado ahora mismo para recibir en sus centros de acogida a cientos de menores. Es el caso de Madrid, que según los cálculos realizados por el Ministerio de Juventud e Infancia, deberá acoger a 600 menores procedentes de Canarias. Fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que los traslados son «inminentes» , aunque desde el Gobierno de Canarias se asegura que se tardará un mes en comenzar el proceso.