Trump echa un pulso a los demócratas al militarizar las ciudades de EE UU para garantizar el orden público

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a desafiar las convenciones democráticas al firmar una orden ejecutiva que abre la puerta a la militarización de ciudades estadounidenses bajo el argumento de garantizar el “orden público”. La medida, anunciada este lunes en la Casa Blanca, otorga al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la responsabilidad de crear una unidad especializada dentro de la Guardia Nacional de Washington, D.C., dedicada a labores de seguridad y con la capacidad de ser desplegada en cualquier rincón del país. Se trata de un paso inédito que, en palabras de sus críticos, supone un intento de normalizar la presencia de soldados armados en las calles para ejercer funciones policiales.

La orden ejecutiva no solo contempla la formación de este cuerpo especializado en la capital, sino también la creación de una “fuerza de reacción rápida permanente” de la Guardia Nacional. Esta estaría dotada de recursos, entrenamiento y capacidad de despliegue inmediato en cualquier ciudad estadounidense. El Pentágono, que todavía evalúa cómo implementar el mandato presidencial, ha reconocido que el nuevo esquema rompe con las prácticas actuales: hasta ahora, las fuerzas de reacción rápida se conformaban con unidades existentes, que se movilizaban en cuestión de horas ante emergencias, desastres naturales o disturbios de gran magnitud. Pero ahora Trump pretende que estas unidades tengan un mandato específico: controlar manifestaciones y reforzar a la policía en labores de orden público.

El presidente justificó la medida en la supuesta necesidad de combatir el “crimen desenfrenado” en ciudades como Washington, Chicago o Nueva York. Sin embargo, las estadísticas oficiales contradicen ese relato: en la capital del país, por ejemplo, los índices de violencia se encuentran en mínimos históricos de las últimas tres décadas. Aun así, más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, muchos de ellos enviados por gobernadores republicanos desde otros estados, patrullan hoy las calles de Washington. Lo hacen en zonas turísticas de baja criminalidad, y con tareas tan poco vinculadas a la seguridad como recoger basura o posar para fotografías con visitantes. En paralelo, se ha constatado que algunos de estos soldados ya están armados con pistolas y fusiles de asalto.

La estrategia no se limita a la capital. A comienzos del verano, Trump ordenó el despliegue de 4.000 guardias nacionales y 700 marines en Los Ángeles tras protestas contra sus políticas migratorias. Aunque la Casa Blanca describió la ciudad como un polvorín tomado por “violentos alborotadores”, la realidad fue distinta: las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas y se concentraron en un pequeño sector del centro. El gobierno de California presentó una demanda alegando que el presidente había usurpado competencias estatales, un pulso legal que anticipa los conflictos que se avecinan si Trump insiste en llevar la militarización a urbes gobernadas por demócratas.

Ahora, con esta orden ejecutiva, Trump no solo refuerza su capacidad de intervención en Washington —donde tiene autoridad directa sobre la Guardia Nacional por tratarse de un distrito federal—, sino que busca crear un precedente para extender esa lógica al resto del país. En declaraciones a periodistas, el presidente no ocultó su intención: “Estamos listos para ir a cualquier parte”, dijo al ser preguntado si planeaba enviar tropas a Chicago. La amenaza se amplió poco después a Nueva York y Baltimore, ciudades de tradición demócrata donde Trump quiere demostrar fuerza frente a autoridades locales que rechazan su agenda.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida de “injustificada y peligrosa”, advirtiendo que coloca a ciudadanos comunes en riesgo de sufrir violaciones de sus derechos fundamentales. “Nuestros valores fundacionales establecen que los militares no deben encargarse de la seguridad interna. Este tipo de despliegues crean un terreno legal incierto para soldados y agentes, además de un ambiente de intimidación contra la población”, denunció Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la organización.

Además, retirados de alto rango de la propia Guardia Nacional también se han sumado a las críticas. El general Randy Manner, ex jefe interino de la Oficina de la Guardia Nacional, aseguró que la medida es “100% política” y busca “acostumbrar a los estadounidenses a ver soldados armados patrullando las calles”.

El debate jurídico tampoco es menor. La ley conocida como Posse Comitatus prohíbe expresamente al Ejército asumir funciones policiales en territorio estadounidense, salvo contadas excepciones. La Guardia Nacional, al depender de los gobernadores, se ha utilizado históricamente en situaciones extraordinarias: huracanes, incendios o disturbios graves. Pero Trump pretende convertirla en un brazo regular de control civil. En Washington, se ampara en el Home Rule Act, que le permite asumir temporalmente el mando de la policía local y desplegar tropas federales. En otros estados, su margen de maniobra es más reducido. La polémica movilización en Los Ángeles se sostuvo en una disposición (Título X) que permite al presidente usar la Guardia Nacional para proteger instalaciones federales, pero expertos constitucionales advierten de que repetir este esquema en otras ciudades podría desatar una cascada de litigios.

Para los detractores, el verdadero objetivo de Trump es consolidar una narrativa de “ciudades fuera de control” gobernadas por demócratas y justificar así una demostración de autoridad militar. Una estrategia de confrontación que, según advierten analistas, erosiona la frontera entre el poder civil y militar en Estados Unidos.

Trump, sin embargo, insiste en que sus medidas son necesarias y que los gobernadores deberían “dar las gracias” por la ayuda. El presidente ha repetido en varias ocasiones que “los demócratas deberían pedirnos que entremos” en sus ciudades para imponer seguridad. Lejos de apaciguar la tensión política, sus declaraciones confirman que la militarización de espacios urbanos se ha convertido en un arma más en la batalla partidista que atraviesa al país.