Diputados: silencio del oficialismo y sillas vacías de Lugones y Vilches
El escándalo por los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes su capítulo parlamentario.
El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor del organismo, Alejandro Vilches, decidieron no presentarse al plenario de comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde habían sido citados para dar explicaciones por los audios que involucran a exfuncionarios y que comprometerían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tampoco se hicieron presentes en la reunión los referentes de LLA y del PRO, pese a que muchos de ellos estaban en el edificio parlamentario.
El faltazo fue anunciado por el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), quien advirtió que "no es la primera vez que este Gobierno deja las sillas vacías" ante citaciones parlamentarias. La ausencia no solo retrasó las respuestas oficiales, sino que además intensificó el malestar opositor, que evalúa forzar un emplazamiento en la próxima sesión, ante el bloqueo del oficialismo en Asuntos Constitucionales.
Es que la oposición pretende avanzar con una comisión investigadora y eso requiere del visto bueno de comisiones que presiden los libertarios.
En la reunión, los legisladores opositores cruzaron duras críticas a la gestión de la ANDIS y remarcaron el contraste entre el deterioro del sistema de prestaciones y la supuesta trama de coimas. Daniel Arroyo (UxP), presidente de la comisión de Discapacidad, describió un panorama de "desesperación": trabajadores de talleres protegidos que cobran 28 mil pesos, acompañantes terapéuticos con salarios de miseria y transportistas que reducen viajes porque la tarifa no cubre ni el combustible.
También denunció que las auditorías sobre pensiones fueron mal hechas y dejaron a miles de personas sin cobertura por errores básicos en la actualización de domicilios.
Ni Lugones ni Vilches se presentaron a dar explicaciones sobre la ANDIS y las denuncias de coimas, a la reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y de Discapacidad de @DiputadosAR.Fuertes con los débiles, cobardes cuando tienen que poner la cara. pic.twitter.com/86Fsr2VgMY
— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 26, 2025Desde la izquierda, Mercedes de Mendieta acusó al gobierno de Javier Milei de replicar "los curros de la casta que decían combatir" y calificó como "una enorme estafa" el presunto desvío de fondos destinados a personas con discapacidad. Para la diputada, la ruta del dinero que vincularía a Karina Milei "es apenas la punta del iceberg".
En la misma línea, Juan Marino (UP) habló de una "red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem", en un contexto en el que -según denunció- programas como Incluir Salud se encuentran paralizados y miles de familias no reciben medicación ni subsidios. Marino recordó además otros casos recientes que afectan al oficialismo: desde supuestos retornos en el PAMI y la ANSES hasta contratos irregulares con empresas de seguridad.
Paulón, con una chicana a Milei y la frase de Diana Mondino, quien dijo que el mandatario era "corrupto o estúpido" en el marco del caso LIBRA.
El socialista Esteban Paulón pidió avanzar con una comisión investigadora al considerar que "cada peso que fue a parar a un bolsillo indebido significó un medicamento menos para quienes lo necesitaban". Y fue más allá: vinculó directamente la responsabilidad política del escándalo con el propio Presidente. "Javier Milei dijo que él y su hermana son indivisibles. Si Karina está bajo sospecha, lo que está en juego es la credibilidad de la palabra presidencial", afirmó.
Leandro Santoro (UxP) también calificó de "insólito" el faltazo de los funcionarios y sostuvo que la auditoría sobre pensiones fue "corrupta e insensible", porque utilizó datos desactualizados para justificar un ajuste bajo el pretexto de combatir la corrupción. "Mientras ajustaban a las personas con discapacidad, robaban en las compras de medicamentos", sentenció.
Precisamente, fue Santoro el primero que expuso en la sesión del pasado miércoles la circulación de los audios que rápidamente generaron revuelo y una crisis para el Gobierno en su conjunto.
Incluso desde la UCR, la diputada Natalia Sarapura se sumó al repudio: "Estamos ante un hecho de corrupción y, lo que es peor, el Gobierno no ha retrocedido en las medidas que afectan los derechos de las personas con discapacidad".
La tensión política se suma a la presión institucional: el Senado debe tratar en breve el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en Discapacidad. La oposición insiste en que, una vez aprobado, el Gobierno no tendrá margen para dilatar su implementación.