La Fiscalía denuncia a seis cargos públicos por los vertidos de aguas fecales en una playa de Tenerife

La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a seis cargos públicos por los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín, Puerto de la Cruz. Después de una larga investigación, el Ministerio Público interpuso a mediados de julio en el Juzgado de Paz del municipio una denuncia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la contaminación de este enclave, que estuvo cerrado durante casi un año por la presencia de alarmantes valores de E.coli y Enterococos en el agua.

Tal y como han confirmado fuentes de la Fiscalía a este periódico, los denunciados son el exalcalde de Puerto de la Cruz Marco Antonio González (PSOE); el actual concejal y teniente de alcalde David Hernández (Asamblea Ciudadana Portuense); el concejal de Empleo, Alberto Cabo (ACP); la consejera insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez (Coalición Canaria); el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), Javier Davara; y el exconsejero de Turismo del Cabildo Alberto Bernabé Teja (CC).

El baño en Playa Jardín, uno de los puntos más importantes de la costa norte de Tenerife, estuvo desaconsejado durante casi un año por los altos índices de bacterias fecales detectados en el agua. Desde marzo hasta junio de 2024, tal y como recoge un informe de Salud Pública emitido el 21 de junio de ese año, se identificaron ''ininterrumpidamente'' valores de E.coli y Enterococos “compatibles” con una calidad del agua “insuficiente”.

Este mismo documento advertía de que la exposición de la población a altos niveles de contaminación fecal aumenta el riesgo de padecer enfermedades transmitidas por las aguas de baño, como patologías respiratorias, diarreas, vómitos o meningitis.

Hasta el 17 de junio de este año se desaconsejaba el baño, pero no estaba prohibido, por lo que era habitual ver a bañistas en Playa Jardín. Mientras tanto, las analíticas arrojaban valores de hasta 1.000 unidades bacterianas de E.coli por cada mililitro de muestra, muy por encima de las 250 necesarias para que la calidad del agua se considere “excelente” y de las 500 exigidas para que se califique como “suficiente o buena”. Este dato se desprende de los resultados de las muestras tomadas el 23 de septiembre en los tres puntos establecidos por Salud Pública.

La rotura del emisario

La consultora ambiental Elittoral realizó analíticas en 13 estaciones del entorno del emisario submarino de Punta Brava, el único autorizado entonces para verter las aguas de la estación depuradora del Valle de La Orotava. El 15 de octubre de 2024 se detectaron en uno de los puntos valores de hasta 68.000 unidades bacterianas de E.coli y 19.000 de Enterococos intestinales.

Este emisario submarino sufre desde 2020 una fisura a unos diez metros de la costa. Como consecuencia, según explica este informe elaborado en enero de 2025, las aguas depuradas de la EDAR “no están siendo vertidas a una distancia suficiente para garantizar la dispersión de la pluma antes de alcanzar la línea de costa”.

A raíz de una denuncia, la Fiscalía de Medio Ambiente inició una investigación. El objetivo era determinar si los hechos se ajustaban o no al delito de vertidos recogido en el artículo 325 del Código Penal. Este artículo contempla penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses y penas de inhabilitación para quienes provoquen directa o indirectamente vertidos que puedan causar daños sustanciales a las aguas.