Arreglemos las cosas a golpes
La bronca entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno del miércoles pasado ilustra con brutal claridad el momento que vivimos: un México donde cada vez parece más vigente la máxima de “¿para qué arreglar las cosas hablando si se pueden arreglar a golpes?”. El bochornoso espectáculo no es un episodio aislado, sino la expresión más cruda de la espiral de confrontación y violencia que define nuestra era.
En un entorno civilizado, lo esperable sería una disculpa pública, quizá hasta un apretón de manos. Pero estamos lejos de esa racionalidad. Lo que ha seguido es el previsible doblar de apuestas: ambos bandos radicalizando posiciones, escalando el conflicto. Vivimos tiempos en que lo único racional parece ser lo irracional, porque es precisamente la irracionalidad lo que se premia, se aplaude y se viraliza.
Cuando López Obrador llegó a la Presidencia, muchos esperaban que cerrara divisiones y convocara a la unidad nacional. Pronto quedó claro que su apuesta sería la contraria: polarizar, descalificar y dividir para gobernar. Tras el triunfo abrumador de Claudia Sheinbaum, volvió la esperanza de un cambio de tono. Sin embargo, aunque su discurso es menos agresivo, cotidianamente descalifica a opositores y críticos.
Esta estrategia contradice la lógica de debate racional e incluyente que exige la democracia. No fortalece la vida democrática, pero ha resultado extraordinariamente redituable para sus promotores: ahí están los triunfos electorales de Morena y las encuestas de aprobación presidencial para demostrarlo. La polarización divide y confronta, pero también moviliza y galvaniza apoyos.
Fernández Noroña es quizás el ejemplo más visible de cómo esta lógica se ha vuelto rentable. Su estilo se basa en la provocación, la descalificación y una agresividad que desborda los límites del debate democrático.
Esta semana, cuando se reveló la compra de una casa en Tepoztlán de 12 millones de pesos, no solo respondió atacando a opositores, sino que difundió en redes una fotografía de la periodista Azucena Uresti en un gimnasio, un acto de intimidación y violencia digital condenado por Artículo 19. En el mismo contexto, sin base alguna, trató de descalificar a Ciro Gómez Leyva llamándolo “centavero” y utilizando las redes sociales para propagar estos calificativos y denigrarlo.
No es un hecho aislado: antes del pleito con Moreno, en esa misma sesión de la Comisión Permanente, acusó a opositores de ser traidores a la patria, dijo sin parpadear que Federico Döring era un “macho calado” y lo invitó a medirse “en el terreno que quiera”, una vez que concluya su periodo como presidente del Senado. En términos coloquiales, le dijo “nos vemos a la salida”. Por supuesto, nada de esto eleva el nivel del discurso público ni nutre la vida política en el país.
Y lejos de pagar un costo, obtiene beneficios. Según una encuesta de El Financiero, en julio pasado sus opiniones positivas duplicaban a las negativas, superando en popularidad a figuras como Marcelo Ebrard, Clara Brugada, Rosa Icela Rodríguez e incluso Andrés López Beltrán. Su actitud agresiva y pendenciera, lejos de restarle, le ha dado visibilidad mediática y le ha sumado apoyos dentro de las bases morenistas. Es decir: la agresión paga.
No es un fenómeno exclusivo de México. Como recuerda Denise Maerker en su columna de esta semana en Milenio, “hoy, lo que paga es el chiste, la provocación, la grosería, el cinismo”. Y añade ejemplos como el del gobernador de California, Gavin Newsom, conocido por su mesura, que sorprendió al responder desde su cuenta oficial “vete a la chingada” a un funcionario de Trump. Newsom, según él mismo ha explicado, se quitó los guantes porque “el momento nos exige combatir el fuego con fuego”. La cuenta aumentó seguidores de inmediato y logró ser escuchada en medio del estruendo constante de la era Trump. Es una estrategia que puede resultar eficaz en el corto plazo, pero que, vista a mayor escala, solo terminará incendiando al país.
En México, ese incendio ya está en marcha. La responsabilidad de esta degradación del discurso es compartida. Para polarizar, como para pelear, se necesitan dos. En el zafarrancho del miércoles nadie queda bien parado, ni el presidente del Senado ni el líder de uno de los partidos de oposición.
Sin embargo, quien tiene los megáfonos y los instrumentos del poder carga con la mayor responsabilidad, y hoy esos instrumentos están en manos de Morena. Cuando el presidente del Senado normaliza la agresión verbal como método político, cuando la presidenta descalifica cotidianamente a críticos, cuando el partido gobernante convierte la confrontación en estrategia de Estado y premia a quienes la practican con mayor eficacia, no solo degradan las instituciones, sino que envían una señal peligrosa a toda la sociedad de que esas son las reglas del juego.