Cada vez más solos, por Nicolás Vargas
Hace mucho tiempo que en el Perú se respiran aires de frustración y miedo. Mientras las calles se vuelven cada vez más inseguras y la clase política da señales claras de su incapacidad —o, en verdad, falta de intención— para solucionar los problemas de la ciudadanía, muchos, envueltos en precariedad, deciden migrar con la esperanza de que en algún otro lugar las cosas sean menos malas que en el país que varios, con lágrimas en los ojos, llamarán hogar para siempre. Las razones son obvias y serán explicadas próximamente por decenas de colegas periodistas, sobre todo quienes cubrirán los procesos electorales de 2026.
Sin embargo, hay un aspecto que vale la pena recordar apenas unos días después de que el régimen de turno promulgara una ley (inconstitucional, de hecho) que otorga amnistías a militares y policías responsables de delitos de lesa humanidad durante la lucha contra el terrorismo en las últimas décadas del siglo pasado. Más allá de agravar la ilegitimidad del gobierno y sus aliados congresales, esta medida constituye una nueva ofensa entre las tantas que el Perú viene acumulando a los ojos de la comunidad internacional, donde alguna vez fue un actor serio y respetado.
Estas ofensas, que ponen en entredicho la seriedad institucional del Estado peruano, no son exclusivas de este gobierno. El hoy procesado expresidente Pedro Castillo es, sin lugar a duda, responsable de una de las más graves. El intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 no solo manchó la historia de la democracia peruana, sino que resultó un acto profundamente vergonzoso para la imagen del país en el mundo. A raíz de ello, el Perú fue degradado en el Índice de Democracia que publica anualmente The Economist, pasando de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”, categoría que compartimos con países africanos como Liberia, Malawi o Zambia. Si bien la calidad democrática peruana ya venía en caída, aquel nefasto 9 de diciembre terminó por sepultar la etiqueta de democracia que el país sostenía con tanto esfuerzo.
El tiempo pasó y la sucesora en Palacio no mostró mayor interés en mejorar la imagen del Perú en el extranjero. Dina Boluarte no solo ha regalado titulares que sorprenden a lectores poco familiarizados con nuestra realidad (a modo de anécdota, un holandés que conocí, sin saber mucho de América Latina, identificaba al Perú como “el país de la señora de los relojes”), sino que ha tomado decisiones que relegan al país cada vez más a las bancas traseras de la política internacional.
Por un lado, la incapacidad —o, como ya señalé, la falta de interés— en combatir al crimen organizado ha traído serias consecuencias en la manera en que el mundo se relaciona con nosotros. El actual programa multianual de la Unión Europea para el Perú, que establece la hoja de ruta de las relaciones bilaterales, describe al Estado peruano como uno con “capacidad limitada” de acción. Esto, sumado a la proliferación del crimen y la desconfianza ciudadana hacia sus instituciones, convierte al país en un socio poco predecible y cada vez menos atractivo para emprender proyectos conjuntos.
Por otro lado, este gobierno se distingue de los anteriores por su empeño en poner en riesgo las finanzas públicas. A inicios de este año, el Banco Central de Reserva advirtió que, al cierre de 2024, el déficit fiscal alcanzaría el 3.6 % del PBI, superando el 2.8 % del año previo y muy por encima de la meta histórica de mantenerlo por debajo del 1 %. Naturalmente, la pandemia obligó a flexibilizar ese objetivo, pero ello no se tradujo en un gasto público más sobrio. Al contrario, entre 2023 y 2024 el Ejecutivo incrementó en S/ 12,500 millones las remuneraciones públicas, según reportó el Consejo Fiscal en enero. La cereza del pastel ha sido la costosa recuperación de Petroperú: solo en 2024 se le inyectaron 1,750 millones de dólares sin un plan claro de sostenibilidad.
Estos gestos no pasan desapercibidos. Organismos internacionales, instituciones privadas y fondos de inversión, que alguna vez vieron en el Perú un destino confiable, han rebajado su percepción sobre nuestra capacidad de pago. Ello genera un círculo vicioso: la reducción de la calificación crediticia ahuyenta inversiones, lo que a la larga golpea el bolsillo de las familias peruanas.
El clavo plateado en el ataúd de la reputación del país es el desprecio sistemático por el sistema de derechos humanos. No solo por la ley de amnistía ya mencionada, sino también por el discurso de políticos y dirigentes que exigen abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el argumento —burdo y falso— de que así se reforzaría la soberanía nacional.
Esta triste realidad, sumada a lo anterior, revela un rasgo peligroso de nuestra política: la disposición a alejar al Perú de estándares mínimos que permiten la cooperación internacional.
El cinismo y la incapacidad de la clase política han provocado que el Perú pierda seriedad como actor internacional y que se convierta en un país en el que pocos confían. Nos han relegado a la insignificancia, al atraso y a la soledad, de la cual tanto costó salir alguna vez. ¿Podremos volver? Difícil respuesta.