Los seis puntos deben ser apenas el inicio

Apenas la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, hizo a principios de agosto el anuncio de la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y de inmediato 22 exconsejeros del INE y exmagistrados electorales dieron a conocer a la opinión pública un pronunciamiento sobre el tema suscrito por ellos. Destacan entre los firmantes de ese documento los nombres de quienes han presidido el consejo general del INE, a partir de que éste adquirió el carácter de organismo ciudadano autónomo: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello.

Con motivo de la nueva reforma electoral que se propone, plantean los firmantes “la pertinencia y oportunidad de convocar a un diálogo amplio e incluyente que aporte propuestas para lograr el máximo consenso en la definición de una reforma político electoral que fortalezca nuestra democracia”.

Y para no quedarse en el aire, es decir, en el plano meramente declarativo, estos 22 mexicanos proponen que el amplio diálogo nacional, plural e incluyente que sugieren, se ocupe al menos de media docena de puntos específicos. A saber:

Uno, “corregir las distorsiones que nos han llevado a esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos”, por lo que se hace necesario “acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas”.

Dos, fortalecer la autonomía e independencia de los organismos electorales, tanto en el ámbito federal como en el de los estados, con el objeto de garantizar la neutralidad e imparcialidad en la organización y conducción de los procesos comiciales, a través de un servicio profesional en la materia.

Tres, que en la selección de quienes encabecen las instituciones electorales, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, prevalezcan como criterios fundamentales el conocimiento y dominio de la materia, la experiencia, la capacidad técnica y la imparcialidad. En otras palabras, y con toda claridad así lo exponen: “Deberán ser designados por el Congreso y no por el voto popular”.

Cuatro, que todo lo relativo al Registro Federal de Electores, como padrón, listados nominales y Credencial para Votar con Fotografía, se mantenga “bajo la administración de la autoridad electoral administrativa (el INE), con la vigilancia de las representaciones y técnicos de los partidos políticos, para preservar su resguardo imparcial”.

Cinco, consolidar un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización “de los recursos públicos y privados de los partidos políticos, para garantizar campañas equitativas, evitar el uso y desvío de recursos públicos y erradicar la compra y coacción del voto”. Y para hacer realidad lo anterior, será necesario “diseñar un sistema eficaz de sanciones”.

Seis, “adecuar la normativa y los procedimientos para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que formen parte de una carrera judicial”. Se señala, y con razón, que “la experiencia de la elección judicial de 2025” ha hecho más que evidente la necesidad de adoptar los anteriores principios.

¿Habrá quien se oponga a estos seis puntos y de ser el caso bajo qué argumentos?

Pues bien, el pasado fin de semana los 22 exconsejeros y exmagistrados electorales hicieron pública una nueva declaración, en la que reiteran y enriquecen los seis puntos fundamentales de la primera, pero en esta ocasión secundada por 250 personalidades relevantes de la vida nacional.

Cabe hacer notar que los 270 mexicanos que ahora suscriben el nuevo documento hecho público, no pertenecen a una misma tendencia u orientación política, aunque tienen en común su personal posicionamiento democrático.

Lo hasta ahora realizado por este heterogéneo grupo de ciudadanos, al margen de partidos, aunque hasta donde se sabe la mayoría de ellos carece de militancia en éstos, debe considerarse como un primer paso. Nada impide que se organicen para el efecto de ofrecer una narrativa unificada (lo cual cuenta mucho), coordinarse en las necesarias tareas de comunicación, realizar acciones conjuntas de impacto e incluso movilizaciones populares que tengan como divisa la defensa de la Democracia. El tiempo apremia.