Con la declaración de contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, el Gobierno puede aplicar su protocolo de reubicación de menores inmigrantes no acompañados en las restantes comunidades autónomas, excepto Cataluña y País Vasco, cuyos gobiernos alegan que ya han cubierto su cupo de acogida. Los nacionalistas vascos y catalanes, socios de Pedro Sánchez, consiguen un nuevo trato de favor que enardece al resto de gobiernos autonómicos, y no solo del PP, también del PSOE, como el de Castilla-La Mancha, que ha recurrido el decreto de reparto de menores inmigrantes. Otras comunidades también lo han impugnado, como Madrid y Baleares, lo que da la medida del conflicto que el Gobierno ha provocado por no querer un pacto con el PP y despreciar la opinión de las autonomías gobernadas por los populares, a pesar de que son estas las que asumirán el peso de la reubicación de los mal llamados menores no acompañados. En realidad, las decisiones sobre inmigración están sometidas, como el resto de políticas del Gobierno, a la conveniencia de sus socios nacionalistas y de su interesada gestión de los tiempos. Si, como dice la ministra Rego, lo importante es garantizar los derechos de «miles de niños y niñas migrantes no acompañados», no se entiende el boicot de su Gobierno al cumplimiento de las decisiones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre atención a los menores solicitantes de asilo ubicados en Canarias. Este lenguaje meloso y falsario que califica a todo mena como niño o como niña –ninguno es adolescente, ni joven menor de edad– no hace sino contribuir a la agravación del problema, porque distorsiona la realidad para impedir que se tomen las decisiones adecuadas en un asunto tan complejo desde el punto de vista legal y humano. El Gobierno ha dejado pudrir el problema de la saturación asistencial en Canarias y no lo ha resuelto, sino que lo ha extendido al resto del país. Lo que se avecina es una sucesión de enfrentamientos políticos y judiciales devenidos del desconcierto del Ejecutivo que no para de alumbrar reales decretos (hasta tres en pocos días) para parchear el problema, mientras la situación de los jóvenes inmigrantes sigue sometida al oportunismo político del Gobierno y a la desmesura del discurso de Vox, que nada aporta a la solución del problema. Aunque el TC falle a favor del Gobierno en su pugna con las autonomías del PP y con García-Page, el conflicto subsistirá en los planos político, internacional y, sobre todo, social. Los innegables problemas asociados a la inmigración ilegal están dando alas a la radicalización de las sociedades europeas. El ascenso del populista Farage en las encuestas del Reino Unido es muy significativo de este proceso de generalización de la antipatía por la inmigración en el país tolerante por excelencia con la multiculturalidad. La respuesta a este ascenso del radicalismo no puede ser la negación del problema, ni una política sentimentalista, sino la aplicación de unos criterios firmes de aplicación de la legalidad, combinados con el sentido humanitario en la atención a los extranjeros, sentido que no debe quedar nunca en entredicho y del que España hace gala con generosidad indudable. El problema es quedarse solo en esto último y olvidar la aplicación de la ley. Ser menor de edad no impide la repatriación del inmigrante; exige que se haga en condiciones más estrictas de seguridad para el menor. Mientras se dé por hecho que el inmigrante menor de edad, por serlo, no va a ser devuelto a su familia, si esta es conocida, estará perdida una parte importante de la disuasión que toda política migratoria debe provocar. Y seguirá siendo un aliciente para las mafias de trata de personas.
