Los incendios forestales del verano han dejado un balance preocupante en España: 56 detenidos y 142 investigados, según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior. Desde el 1 de junio, la Guardia Civil ha arrestado a 41 personas e investiga a otras 115, mientras que la Policía Nacional ha detenido a 15 individuos y mantiene imputadas a 27 más. Además de las labores de investigación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que intervenir en la evacuación de casi 36.000 personas afectadas por las llamas en distintos puntos del país. Su labor también incluyó el confinamiento de vecinos en riesgo y el realojo de familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Estas actuaciones se han producido en el marco de un verano en el que la combinación de sequía, olas de calor y fuertes vientos ha favorecido la propagación de los incendios en diversas comunidades autónomas. Entre los últimos arrestos destaca el de un joven de 20 años , acusado de provocar de forma intencionada un fuego en Berlanga del Bierzo (León), que obligó a desalojar a 400 personas. También en Llanes (Asturias) fue detenido un hombre de 55 años como presunto autor de un incendio forestal sin propagación ocurrido el 21 de agosto, en una pista forestal entre los parajes de La Conjita y Las Lagunas, en las inmediaciones de Celorio. Casos como estos reflejan, según Interior, la importancia de la colaboración ciudadana, ya que muchas de las investigaciones se inician gracias a los avisos de vecinos que observan movimientos sospechosos o detectan el inicio de las llamas. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) recuerda en su último informe anual que el 96% de los fuegos en España tienen origen humano y que más de la mitad —el 54%— son intencionados. «En muchas ocasiones son fruto de disputas rurales, piromanía, quema agrícola o por especulación», explica a ABC Lourdes Hernández, técnica de la organización y autora del documento. Hernández alerta de que detrás de estos delitos existe una peligrosa sensación de anonimato. «Los incendiarios creen que nunca se les va a identificar, y eso les anima a repetir», asegura. «Se sienten más listos que el sistema, convencidos de que apagar el fuego es prioritario y que la investigación queda en segundo plano. Pero cada chispa que provocan supone una amenaza para vidas humanas y para nuestro patrimonio natural», advierte. La experta también subraya la enorme presión que sufren los equipos de extinción. «Los bomberos forestales se juegan la vida cada verano enfrentándose a situaciones extremas. En muchos casos se trata de incendios provocados de manera consciente y eso multiplica la frustración», señala. Según WWF, en los últimos cinco años la superficie arrasada por las llamas en España supera el millón de hectáreas, lo que equivale a la extensión de provincias enteras como Cáceres o Vizcaya. No obstante, y pese al enorme impacto medioambiental y social, las consecuencias penales suelen ser escasas . En 2022 se iniciaron 482 investigaciones judiciales por incendios forestales, y apenas el 1% acabaron en condenas. Aunque las sanciones pueden alcanzar los veinte años de prisión en los casos más graves, «lo normal es que no se apliquen nunca con la firmeza necesaria», lamenta Hernández. A su juicio, la sensación de impunidad es generalizada: «España no puede ser un nido de pirómanos». La ONG insiste en que la prevención y la educación son tan importantes como las sanciones. En este sentido, recuerda que una parte significativa de los incendios se produce por imprudencias, como colillas mal apagadas, barbacoas en zonas forestales o el uso de maquinaria agrícola en días de máximo riesgo. «Si queremos reducir de verdad el problema, necesitamos un cambio cultural, no solo judicial», concluye Hernández.
