Jueza federal en EEUU frena plan de Trump de ampliar deportaciones rápidas por "riesgo significativo" para inmigrantes
Una jueza federal en Washington D. C., Jia Cobb, emitió un fallo que bloquea inmediatamente la ampliación del programa de deportaciones rápidas del presidente Donald Trump. Esta medida judicial surge tras denunciarse una violación al proceso legal: se estaría expulsando inmigrantes indocumentados sin oportunidad de presentar su caso ante un tribunal.
El programa en cuestión, conocido como "expulsión inmediata", es parte de la agenda migratoria de Trump, quien lo aplicó durante su primer mandato y lo reactivó tras su regreso a la Casa Blanca. La jueza Cobb advirtió que este mecanismo crea un "riesgo significativo" para inmigrantes en Estados Unidos.
PUEDES VER: ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU
¿Qué significa el bloqueo de las deportaciones rápidas de Trump?
El bloqueo judicial implica que el Gobierno de Trump no podrá aplicar de inmediato la política de deportaciones rápidas a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La jueza considera que el proceso, al eliminar audiencias y reducir las garantías legales, vulnera los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
En la práctica, esta suspensión frena uno de los mecanismos más agresivos de expulsión masiva que pretendía implementar la Administración republicana.
PUEDES VER: Corte de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles impuestos por Trump para varios países del mundo
¿Quiénes aplicaban al programa de deportaciones rápidas de Trump?
Originalmente, este procedimiento solo podía aplicarse a inmigrantes indocumentados arrestados a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevaran menos de dos semanas en el país. Bajo esos parámetros, se trataba de un proceso limitado a entradas recientes y con un margen de control más claro para las autoridades.
No obstante, en 2019, Donald Trump amplió la medida a cualquier persona indocumentada en EE.UU. que no pudiera demostrar dos años de residencia continua, sin importar dónde viviera dentro del país. Esto significaba que millones de inmigrantes podían ser detenidos y deportados sin audiencia, incluso aquellos lejos de la frontera y con vínculos familiares, laborales o sociales por años.