TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña: ordena nuevo juicio y excluye prueba que lo incriminó
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar nulas las resoluciones que condenaron al exgobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, como cómplice secundario del delito de cohecho activo genérico, y ordenó un nuevo juicio en el que no podrán utilizarse las interceptaciones telefónicas que lo comprometían.
"Declarar improcedente la demanda de amparo respecto de los derechos fundamentales a la pluralidad de instancia, a la legalidad procesal, de defensa, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia. Declarar infundada la demanda de amparo respecto a los derechos fundamentales a la no valoración de prueba prohibida, en conexidad con el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales", se lee en el documento.
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Acuña había sido sentenciado en 2019 a tres años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 30 mil soles. La sentencia se basó en grabaciones entre su cuñado, Elver Díaz Bravo, y el policía anticorrupción Joel Ugaz Cubas, en el que se le atribuía haber autorizado el pago de un soborno para manipular diligencias fiscales.
Sin embargo, el TC concluyó que dicha interceptación es una "prueba prohibida" y que no se probó de manera suficiente que Acuña participara directamente en los hechos, lo que vulneraría su derecho a la presunción de inocencia. "Vulnerar el secreto de las comunicaciones de una persona a la que no se le imputa ningún hecho que lo justifique es un acto evidentemente irregular y no algo que pueda ocurrir de buena fe", mencionan en la resolución.
En tanto, el nuevo juicio deberá llevarse a cabo en el Décimo Juzgado Penal de Lambayeque. Pero sin las grabaciones, las pruebas contra Acuña podrían diluirse por el uso de recursos legales a su favor.
¿Por qué fue condenado Humberto Acuña Peralta?
El caso contra Humberto Acuña se remonta al pasado diciembre de 2019, cuando un juzgado de Lambayeque lo halló culpable de haber autorizado un pago de 750 soles a un suboficial de la Policía Anticorrupción.
La finalidad era que el agente elaborara un documento a su favor y así evitar que el entonces parlamentario tuviera que acudir a declarar en una dependencia policial. El exgobernador fue sentenciado a tres años de prisión suspendida y al pago de 30 mil soles de reparación civil.
Es así que, en la investigación aparecieron tres nombres claves: Joel Ugaz Cubas, el suboficial que aceptó la coima para redactar la declaración; Elver Díaz Bravo, cuñado de Acuña, quien hizo las gestiones y coordinaciones; y el propio Humberto Acuña, señalado como quien dio la orden y autorizó el pago. Estas conversaciones interceptadas fueron la base de la condena original.
En dichas conversaciones, Ugaz le proponía a Díaz "elaborar la declaración del amparista (…) a cambio de una suma de dinero". Para la fiscalía, quedaba acreditado que la operación se hacía con el visto bueno de Acuña, a quien se mencionaba como quien autorizaba el pago.
Por lo tanto, la condena se sostuvo en ese diálogo, pese a que el propio Acuña nunca participó directamente en las llamadas. Para los jueces que lo condenaron, esa circunstancia no fue un obstáculo, pues consideraron que las pruebas eran suficientes para acreditar la connivencia.
"La connivencia puede inferirse de la autorización dada por el procesado", sostuvo la resolución, y validó así la responsabilidad del exgobernador. Sin embargo, es la que ahora cuestiona el Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de prueba ilícita y que las menciones de terceros no pueden usarse como base para una condena.