Las cuentas bajo sospecha de Alvise y Vox, en manos de los tribunales

La extrema derecha llegó a la política institucional lanzando soflamas contra la “corrupción sistémica del bipartidismo” y los “chiringuitos” y dando lecciones de limpieza y patriotismo frente a quienes, según su relato, “saquean” España. Son mensajes que han calado en parte del electorado y que, sin embargo, chocan con el desdén que formaciones como Vox o Se Acabó La Fiesta (SALF) han mostrado hacia las normas diseñadas para prevenir esas prácticas. El Tribunal de Cuentas acaba de imponer la tercera multa al partido de Santiago Abascal por financiación ilegal, mientras el Tribunal Supremo ha exigido a Alvise Pérez que aporte la contabilidad que no presentó al órgano fiscalizador.

A pesar de que se trata de incumplimientos flagrantes de la ley de financiación de los partidos, ambas formaciones han tratado de situar al Tribunal de Cuentas en el centro de una supuesta operación política. “Buscan hacer inviable a Vox. No se atreven todavía con la ilegalización, pero van dando pasos”, ha dicho Abascal. “Todos los partidos y todos los medios nos injurian y atacan de forma inmoral a diario precisamente porque se saben parásitos y entienden que venimos a aplastarlos de una maldita vez”, ha afirmado Alvise, quien fue grabado por un implicado en un fraude de estafa pidiéndole dinero para financiar el partido y prometiendo devolver esos favores cuando sea la llave para un Gobierno de Feijóo.

Los informes del órgano fiscalizador, sin embargo, son claros al constatar los incumplimientos de ambas formaciones. En el caso de Vox, el partido acumula desde el verano pasado multas por 1.145.820,94 euros por irregularidades en la recepción de donaciones. Al menos dos de ellas ya han sido recurridas al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Respecto a Alvise, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas —las únicas a las que ha concurrido— dice de forma expresa que “la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta” (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral“. El agitador ultra tendrá que entregarla al juez del Supremo que le investiga por financiación irregular tras recibir 100.000 euros en efectivo del controvertido empresario.

Vox: donaciones bajo sospecha

El pasado 28 de julio el pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer una multa de 50.000 euros a Vox tras analizar su contabilidad del año 2020. La sanción, que puede ser recurrida, se debe a que la formación recaudó fondos “con una finalidad específica”, cuando la ley prohíbe expresamente proponer que se dé dinero para una causa concreta. Los partidos no pueden aceptar dinero sujeto a un destino específico precisamente para evitar que empresas o grupos de presión puedan condicionar sus decisiones en contra del interés general.

El informe de fiscalización correspondiente a ese año identificó donaciones finalistas por un importe total de 2.754 euros y destacó que el partido no había facilitado la relación de las campañas de captación de fondos llevadas a cabo. También evidenció la existencia de ingresos por valor de 102.048,30 euros en cajeros automáticos. Vox ha defendido que se debían a la venta de artículos del partido (pulseras, bolígrafos…) en las mesas informativas que instala en las calles de muchas ciudades y que, para esos ingresos, “no son de aplicación las reglas establecidas para las donaciones. Pero el tribunal afirmó que ”existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos“ y acabó imponiendo la citada sanción.

Apenas tres meses antes, en abril, el órgano fiscalizador había impuesto a Vox otra multa por 862.496,72 euros por una “infracción muy grave” en las cuentas de 2018, 2019 y 2020. El tribunal consideró probado que el partido de extrema derecha incumplió la ley durante esas anualidades en las que recibió y aceptó dinero en efectivo y aportaciones de personas o entidades no identificadas.

El origen de esa sanción, que Vox recurrió al Tribunal Supremo una semana después, es un informe que alertó sobre la “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en el partido. De nuevo llamó la atención de los auditores públicos la existencia de abultados ingresos a través de cajeros automáticos: 20.601,04 euros en 2018 y 311.947,05 euros en 2019. La ley de financiación de partidos no permite las donaciones anónimas o de empresas, las limita a un máximo de 50.000 euros anuales por parte de una misma persona y obliga a notificar al Tribunal de Cuentas todas las superiores a 25.000 euros.

Además, ese informe reveló la “falta de control en la venta de productos promocionales y la ausencia de un precio de venta de los mismos”, lo que “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen de los requisitos contemplados” en la citada ley. En este sentido, figura que el departamento de tesorería del partido indicó en dos instrucciones internas difundidas en noviembre de 2018 y abril de 2019 que “no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros por la actividad promocional”. Es una interpretación errónea de la norma, que explicaría por qué el 80% de los ingresos realizados en cajeros en 2019 era de “importes inferiores a 300 euros”.

Vox recibió su primera multa hace algo más de un año, en julio de 2024. Esa sanción, que también está recurrida ante el Tribunal Supremo, alcanzó los 233.324,22 euros y se debió a que el partido había recaudado dinero para fines específicos, como querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra.

El informe en el que se basa esa multa cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Además, ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. El partido alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos.

Alvise: la petición del juez que le investiga

Otro informe reciente del Tribunal de Cuentas también reveló que “de las nueve formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas, todas excepto una (la agrupación de electores ”Se Acabó la Fiesta“) han cumplido con dicha obligación”. La ley electoral establece que entre los 100 y los 125 días posteriores a las elecciones, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales (...) deben presentar una “contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales”.

La formación de Alvise no lo hizo y el órgano fiscalizador propuso que no se le adjudicaran subvenciones electorales dado que no presentó esa documentación. La candidatura tendría derecho a 962.350,26 euros en subvenciones, según los votos y escaños que obtuvo en esos comicios. Alvise ha defendido que registró “en tiempo y forma” todas sus cuentas pero que “rechazó registrar la petición del cobro de 1,1 millones de euros al que prometió renunciar durante la campaña electoral”. La realidad es que no lo ha hecho, lo que le permite eludir cualquier control.

Este asunto salió a colación en el interrogatorio al que fue sometido el pasado julio en el Supremo por el juez que le investiga por financiación irregular tras haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario días antes del inicio de la campaña de las europeas. En las grabaciones realizadas el propio Alvise reconocía que necesitaba dinero en efectivo que no pasase por el radar del Tribunal de Cuentas. El magistrado Julián Sánchez Melgar preguntó al eurodiputado si había presentado al órgano fiscalizador esa contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales durante la campaña de las europeas. Alvise apuntó entonces a la empresa a la que había contratado para hacer ese trabajo. Aseguró que llamó a uno de sus responsables en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas y que este le dijo que sí se habían presentado y que tenía la confirmación, por lo que no entendía esa “discrepancia de criterio”.

El juez le reclamó entonces tanto el certificado de que las había presentado como las propias cuentas. “Le requiero para que presente las cuentas que hayan presentado ante el Tribunal de Cuentas y el documento que acredite que las han presentado para que las partes puedan conocer esas cuentas y puedan decir lo que tengan por conveniente respecto de ello y pueda realizarse una pericial”, afirmó el magistrado, según la transcripción de esa comparecencia. La declaración de Alvise se produjo el pasado 11 de julio y, por el momento, esa documentación sigue sin estar a disposición del resto de partes personadas en ese procedimiento, según las fuentes jurídicas consultadas.