Editorial: Maraña de cables, una bomba de tiempo
La maraña de cables que invade nuestras ciudades dejó de ser solo un problema estético para convertirse en un riesgo público. Lo que cuelga de los postes no es solo “tendido eléctrico” sino redes de telecomunicaciones, cables en desuso y dispositivos abandonados que sobrecargan estructuras no diseñadas para tanto peso.
El accidente del pasado 23 de junio, en Curridabat –cuando un tráiler arrastró cables y derribó ocho postes, dejando a 2.700 abonados sin electricidad y paralizando el tránsito por días– es la muestra de un modelo regulatorio deficiente.
La contaminación visual es apenas la cara visible. El desorden del cableado aéreo compromete la seguridad de peatones, conductores y viviendas, y amenaza la continuidad de la electricidad y las telecomunicaciones. La fatiga de estas estructuras ya fue advertida en reportajes de La Nación, por la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) y por lectores en nuestra sección de Cartas.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), responsable de ordenar el uso de los postes, debe reconocer que el Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, que dictó en 2017, es ineficaz y debe ser reformado con urgencia. Si dictó las reglas, no puede alegar que su papel se limita a “garantizar el derecho” de los operadores, como afirmó en un reportaje de La Nación en noviembre de 2022.
No podemos resignarnos a que los nudos, excesos y rollos de cableado eléctrico, de Internet y televisión por cable, sigan ahí de por vida porque los operadores de telecomunicaciones tienen el derecho de poner todos los que necesiten y soporten los postes.
El caos es mucho y alguien tiene que asumir la responsabilidad y el liderazgo para poner bajo control un problema que está a la vista y articular decisiones con las ocho empresas dueñas de los postes –entre ellas, ICE, CNFL y otras distribuidoras de energía– más las 27 operadoras de televisión por cable e Internet y las municipalidades. Estas son las que definen todos los permisos y requisitos de construcción de la infraestructura que soporta las redes públicas de telecomunicaciones, como postes, torres, ductos, canalizaciones, entre otros.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones deben hacerse presentes y diseñar planes robustos que conduzcan a soluciones, entre ellas sopesar el cableado subterráneo, al menos por etapas y por sectores. Y es que, aunque resulte caro, es vital que haya sobre la mesa propuestas para llegar a un arreglo y no solo excusas de que no hay recursos suficientes.
La Cedet, que agrupa a las distribuidoras de energía, planteó crear una “red neutra compartida”, esto es, una infraestructura común que permitiría a las empresas de telecomunicaciones compartir redes y así evitar la sobrecarga en los postes. Es un modelo que existe en otros países y es una opción. Lo necesario es que el gobierno, Sutel y los sectores que lucran con postes y telecomunicaciones exploren seriamente esta y otras alternativas.
Es crucial impedir que este problema siga creciendo sin control, sobre todo porque, con la llegada de la red 5G, algunas frecuencias requerirán la instalación de fibra óptica pero utilizarán los mismos postes. “Esto empeorará los problemas de averías, caída de postes y los costos de reparación y reposición, lo que impactará las tarifas y aumentará el costo de la electricidad, con una afectación directa a las familias, que tendrán que pagar más por estos servicios”, como alertó Cedet en un comunicado de octubre de 2024.
En nuestra sección de Cartas, Pablo Rojas Herrera, de San Francisco de Dos Ríos; Ida Cortés Núñez, de Santa Ana; Fernando E. Feoli A., de Moravia y Guillermo Rivero González, de Desamparados, han demandado soluciones. Incluso, el ingeniero Víctor Fung, en un artículo publicado el 6 de mayo, llamaba a la Sutel a tomar acciones por el abandono un mes y medio antes del percance del tráiler: “Por ejemplo, un poste cerca de Plaza Freses, en Curridabat, tiene unos 15 rollos, y unos 50 o 60 cables, de los cuales tal vez la mitad está en desuso, en completo abandono”, decía. Y el 19 de julio, el economista especialista en infraestructura, Federico Villalobos, preguntaba en este diario qué institución debe verificar cuál cableado en desuso debe ser retirado. ¿Queda a libre discreción la cantidad y tamaño de los rollos de reserva que se dejan en los postes? ¿Quién establece reglas para ordenar la forma en la cual se despliegan las redes en zonas residenciales?
Sin duda, hay más preguntas que respuestas, pero lo que sí es evidente es que hay una gran anarquía con el cableado y que instituciones del Estado son las responsables porque la permiten y no le buscan soluciones.