Gran revés para Trump: corte determina que la mayoría de sus aranceles “son ilegales”

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos determinó que la mayor parte de los aranceles establecidos durante el gobierno del presidente Donald Trump son ilegales, lo que podría desencadenar un conflicto legal con potencial para alterar la agenda de política exterior del mandatario.

La resolución, que fue aprobada por siete votos a favor y cuatro en contra, afecta tanto a los llamados aranceles “recíprocos” aplicados por Trump a numerosos países, como a aquellos impuestos específicamente sobre China, México y Canadá.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. desestimó el argumento de que estos gravámenes estaban permitidos bajo una ley de poderes económicos de emergencia, calificándolos de “inválidos por ser contrarios a la ley”.

La decisión no se hará efectiva hasta el 14 de octubre, plazo concedido para que el gobierno solicite a la Corte Suprema la revisión del caso.

Trump justificó la imposición de aranceles invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la cual faculta al presidente para actuar frente a amenazas “inusuales y extraordinarias”. El mandatario declaró una emergencia nacional comercial argumentando que los desequilibrios comerciales dañaban la seguridad nacional del país.

No obstante, la corte concluyó que imponer aranceles no forma parte de las atribuciones presidenciales, sino que constituye “una facultad esencial del Congreso”.

El fallo, de 127 páginas, precisa que la IEEPA “no menciona aranceles (ni ninguno de sus sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos”. En consecuencia, la potestad para establecer impuestos y aranceles reside en el Congreso, y la IEEPA no anula esta prerrogativa. El tribunal añadió que es improbable que, al aprobar la ley en 1977, el Congreso tuviera la intención de “desviarse de su práctica anterior y otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”.

Esta resolución da respuesta a dos demandas presentadas por pequeñas empresas y una coalición de estados.

Las acciones legales se originaron tras las órdenes ejecutivas emitidas por Trump el 2 de abril, que establecieron un arancel base del 10% para casi todos los países, además de los gravámenes “recíprocos” aplicados a docenas de naciones. Trump se refirió a esa fecha como el “día de la liberación” de EE.UU. frente a lo que consideraba políticas comerciales injustas.

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York ya había declarado ilegales estos aranceles, aunque su decisión quedó en suspenso durante la apelación.

Además de afectar esos gravámenes, la resolución del viernes también anula los aranceles impuestos a Canadá, México y China, los que —según Trump— eran necesarios para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Cabe destacar que la medida no aplica para otros aranceles, como los impuestos al acero y al aluminio, que se implementaron bajo una autoridad presidencial distinta.

Antes de conocerse el fallo, abogados de la Casa Blanca advirtieron que invalidar los aranceles podría provocar un colapso financiero similar al de 1929, el crash bursátil que desencadenó la Gran Depresión.

En un documento legal, afirmaron que “revocar repentinamente la autoridad arancelaria del presidente en virtud de la IEEPA tendría consecuencias catastróficas para nuestra seguridad nacional, política exterior y economía”. Agregaron que el presidente consideraba que el país no podría recuperar los miles de millones de dólares que otras naciones se habían comprometido a pagar, lo que podría llevar a la ruina financiera.

El fallo también genera dudas sobre la validez de los acuerdos alcanzados por algunos países con EE.UU. para reducir tasas arancelarias, por lo que es casi seguro que el caso llegue a la Corte Suprema. Este tribunal ha mostrado en los últimos años escepticismo hacia los presidentes que intentan implementar políticas radicales sin la autorización expresa del Congreso. Bajo la presidencia de Joe Biden, la Corte amplió la llamada “doctrina de las cuestiones importantes” para anular iniciativas demócratas que utilizaban leyes existentes para limitar emisiones de plantas de energía o condonar deudas estudiantiles.

Si los nueve jueces de la Corte Suprema deciden aceptar el caso, deberán evaluar si el extenso programa arancelario de Trump representa un ejemplo de extralimitación presidencial o si, por el contrario, se encuentra suficientemente respaldado por la ley y la autoridad del ejecutivo. Aunque la corte de apelaciones infligió una derrota al expresidente, la Casa Blanca podría encontrar cierto consuelo en el hecho de que solo 3 de los 11 jueces de ese tribunal fueron nombrados por republicanos. La Corte Suprema, en cambio, cuenta con seis magistrados nominados por presidentes republicanos, tres de ellos seleccionados directamente por Trump.