Transportes no suprimirá ninguna parada de autobús pese al nuevo mapa concesional
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que no se va a suprimir «ninguna parada» en el futuro mapa concesional del transporte en autobús, para lo que sacará a concesión y licitación, además de las rutas de largo radio, las que tienen paradas «en municipios donde es más difícil llegar».
El Ministerio de Transportes dio de plazo a las comunidades autónomas hasta el 15 de septiembre para fijar su posición sobre el mapa concesional, tras apelar a que sean los gobiernos regionales los que asuman los desplazamientos intrarregionales a cambio de una compensación económica.
En una entrevista con Efe, Puente ha recalcado que «nadie» debe preocuparse si «al final no optan por asumir sus competencias».
«Vamos a hacer un mapa concesional en el que, por un lado, establezcamos concesiones que estén pensadas para el desplazamiento de viajeros de largo radio, que es para lo que nosotros tendríamos que trabajar, pero sacaremos a concesión y licitación también rutas con paradas en esos municipios donde es más difícil llegar. Por lo tanto, que nadie se preocupe, no se van a suprimir paradas», según Puente.
El ministro ha reclamado a los presidentes autonómicos del PP que aclaren «si tienen responsabilidad y competencias en algo o si quieren seguir en la tónica habitual, que es fundamentalmente, yo lo dije el otro día, pedir y mentir», según ha rematado.
Oposición del PP
El nuevo mapa concesional planteado por el departamento de Puente ha suscitado una fuerte oposición por parte de las comunidades del PP. Estas regiones aseguran que, tal y como se planteó de forma original, dejaría sin servicio a 3,2 millones de personas al eliminar 456 rutas, un 47,2% del total, y alrededor de 9.305 paradas. Transportes, sin embargo, negó tal extremo y aseguró que serían las comunidades autónomas las que asumirían la gestión de estos servicios intrarregionales con ayuda de 40 millones de euros de fondos estatales, 25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos.
Pero las comunidades populares han defendido que el dinero que ha ofrecido Transportes no es suficiente para sufragar el servicio. Según sus cálculos, el gasto real de asumir esas líneas autonómicas será de 110 millones de euros anuales, muy superior a los 40 millones ofrecidos por Transportes y que, además, según añaden, serían un pago para dos años y temporal.
El Gobierno ha defendido que el nuevo mapa concesional simplificaría la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.
Las desavenencias entre ambas partes provocaron que a finales de julio, el PP informase de que Transportes tuvo que retirar del orden del día de la comisión nacional de directores generales de transportes y de las comunidades autónomas el debate sobre el nuevo mapa concesional por considerar que no se debate en el foro en el que debe hacerse, la conferencia sectorial.