Dos nuevas derrotas se aproximan a Milei, en la previa a las elecciones en PBA
El Senado volverá a ser el centro de la escena este jueves, cuando desde las 11 de la mañana sesione para tratar dos temas que pueden marcar un antes y un después en la relación de fuerzas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo: la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad, con el rechazo definitivo al veto presidencial y la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que podría tener media sanción.
De acuerdo a la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó este miércoles por la mañana, no entrará en el temario el pedido de interpelación a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, que planeaba llevar adelante Unión por la Patria. Como no cuenta con dictamen de comisión, se debería habilitar el tema con dos tercios de los presentes, por lo que quedará para la próxima cita parlamentaria que podría ser el 18 de septiembre.
A raíz del viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, la sesión no estará presidida por Victoria Villarruel, que quedará a cargo del Ejecutivo. En su lugar estará el presidente provisional Bartolomé Abdala.
El oficialismo llega a esta cita en un momento de máxima tensión, golpeado por el escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei y por las denuncias de presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
A eso se suma el malestar social por la reciente baja masiva de pensiones por discapacidad dispuesta por el Ejecutivo y la decisión de la oposición de avanzar en el Congreso con citaciones e interpelaciones a funcionarios clave.
La sesión de mañana tendrá un peso simbólico inédito: hace 22 años que el Parlamento no insistía en una ley vetada por el Ejecutivo. La última vez fue en abril de 2003. En este caso, la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por unanimidad en el Senado y con amplia mayoría en Diputados (172 votos contra 73), declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 -extendiendo su vigencia más allá del actual mandato de Javier Milei- y establece una actualización mensual de los aranceles de las prestaciones según inflación, además de saldar la deuda con prestadores.
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, estará al frente de la sesión
La norma prevé que las más de 200 mil pensiones no contributivas por invalidez pasen a equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio y que sus titulares puedan trabajar mientras no superen dos salarios mínimos. También incorpora compensaciones económicas y una reformulación de los programas de apoyo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, algo que la Casa Rosada considera incompatible con el objetivo de "déficit cero". Desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para intentar frenar su aplicación, pero si el Senado ratifica mañana el rechazo al veto, la ley deberá promulgarse y entrar en vigencia.
La aprobación original de esta norma en julio obtuvo 56 adhesiones en la Cámara Alta, superando ampliamente el requisito de los dos tercios. Kirchnerismo, radicales y bloques provinciales la apoyaron de manera contundente, y el PRO definirá su postura en una reunión de bloque prevista para la tarde, en la que participará podría participar de manera virtual el expresidente y jefe partidario Mauricio Macri.
En la votación anterior, algunos legisladores amarillos acompañaron el proyecto, mientras que otros se ausentaron, lo que deja abierta la incógnita sobre cómo votarán en esta instancia decisiva.
El rechazo al veto en Diputados, hace dos semanas.
El otro tema de alto voltaje es la reforma de la ley 26.122 que regula los DNU. El dictamen consensuado por kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales establece que un DNU deberá ser aprobado en un plazo máximo de 90 días por ambas Cámaras o quedará derogado, y que el rechazo de una sola Cámara bastará para anularlo.
Cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando "mega DNU" como el 70/2023 firmado por Milei, que incluyó emergencias en múltiples sectores, reformas laborales, desregulación del mercado de salud y derogación de leyes de fomento. Aunque ese decreto fue rechazado por el Senado, al no haber sido tratado por Diputados, sigue vigente, lo que generó fuertes críticas sobre el actual esquema de control parlamentario.
Si el proyecto es aprobado mañana en el Senado, obtendrá media sanción y deberá pasar a Diputados para su sanción definitiva. La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), impulsora de la iniciativa, afirmó que el objetivo es "restablecer el equilibrio de poderes y evitar que el Ejecutivo legisle sin control".
Pero la sesión no será solo legislativa: también se esperan cinco cuestiones de privilegio contra el Gobierno por la denuncia presentada contra periodistas y el pedido de allanamiento de estudios y domicilios de periodistas que difundieron los audios de Karina Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es el principal blanco de estas críticas.
En Diputados, la oposición ya activó pedidos de interpelación contra Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, en el marco del escándalo por la gestión de ANDIS.
Además, se conformó la comisión investigadora del Caso LIBRA, que apunta a la promoción de una criptomoneda desde la cuenta personal del presidente en redes sociales, y se definió avanzar con citaciones de funcionarios y empresarios involucrados.
El oficialismo apuesta a que la judicialización de la ley de discapacidad le permita ganar tiempo y evitar un descalabro fiscal. Sin embargo, el costo político de desconocer una norma sancionada por unanimidad puede ser alto.