Litigios fiscales en el Perú pueden tomar más de 10 años
El Perú enfrenta un nivel crítico de litigiosidad tributaria que pone en riesgo la confianza de los inversionistas y debilita la competitividad del país. Según cifras recientes, la deuda en controversia asciende a aproximadamente S/ 35.000 millones, y los procesos para resolver disputas fiscales pueden extenderse por más de una década.
Las grandes empresas (apenas el 0,5% de los contribuyentes) aportan el 85% de la recaudación total, siendo la minería uno de los rubros más relevantes, al concentrar el 11,8% de la carga tributaria en pocas empresas.
“Hoy vemos que las empresas formales enfrentan una presión fiscal excesiva y muchas veces arbitraria. El problema no está en la ley, sino en cómo ésta se aplica. El resultado es un círculo vicioso de litigios interminables que afectan la inversión y la competitividad del país”, advirtió Luis Carlos Rodrigo, socio Decano del Estudio Rodrigo.
Falta de independencia y reformas urgentes
Por otra parte, Alex Córdova, socio senior y líder del área tributaria del estudio, señaló que la falta de independencia en los órganos resolutivos es uno de los factores que alimenta la desconfianza. Actualmente, el 15% del Tribunal Fiscal está integrado por vocales que provienen de la Sunat, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en las decisiones.
"Cuando no existe certeza sobre la objetividad del sistema, los inversionistas se ven forzados a buscar foros internacionales como el CIADI para proteger sus derechos, lo que incrementa los costos y reduce la confianza en el país”, comenta Córdova.
Para revertir esta situación, en el marco del lanzamiento de la nueva identidad corporativa de Rodrigo se compartieron diversas propuestas, entre ellas: reestructurar la justicia tributaria para dotarla de mayor independencia; ampliar las salas del Tribunal Fiscal e incorporar vocales provenientes del sector privado y académico; eliminar la posibilidad de que la SUNAT cuestione las resoluciones del Tribunal Fiscal, salvo en casos excepcionales; y garantizar que los cambios de criterio de la entidad no se apliquen de forma retroactiva.
También se propuso implementar mecanismos de mediación que permitan resolver diferencias antes de que se generen controversias formales, así como programas de cumplimiento tributario colaborativo, que brinden mayor predictibilidad y reduzcan costos tanto para el Estado como para las empresas. “Si el Perú quiere seguir atrayendo capitales de largo plazo, debe ofrecer reglas claras y previsibles. La seguridad jurídica no es un detalle: es la base de la inversión y del crecimiento económico sostenible”, enfatizó Córdova.