El Congreso debatirá reprobar a la ministra de Igualdad por el fallo de las pulseras antimaltrato

El Pleno del Congreso votará este miércoles la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo , por los fallos informáticos en las nuevas pulseras antimaltrato que provocaron que, durante un plazo de unos ochos meses, como ha informado ABC, no se pudiera conocer los movimientos de los hombres condenados por violencia machista. La moción, presentada por el PP, exige también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la cese de «inmediato» por este escándalo, y reclama al Ejecutivo que actualice los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena derivadas de la conocida como 'ley del sólo sí es sí'. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera «increíble» que a la ministra de Igualdad «le parezcan poco 47 mujeres que han estado expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras», y afirmó este viernes en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, que este fallo debe acarrear «consecuencias» y «no le puede salir gratis» al Gobierno. «Me parece terrible. La negligencia del Ministerio ha sido absoluta, porque no solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo hayan arreglado. Es una negligencia absoluta por parte del Ministerio de Igualdad. Para nosotros es gravísimo: mujeres que se creían seguras y realmente no lo eran, no lo estaban», señaló. Según la Fiscalía General del Estado, las nuevas pulseras antimaltrato contratadas por el Gobierno supusieron una «potencial desprotección de las víctimas» y «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», como apunta en su última memoria anual. Como informó ABC hace escasos días , después de hablar con uno de los trabajadores de Cometa, el equipo de trabajo encargado de ubicar en todo momento a los maltratadores, las advertencias sobre el mal funcionamiento del sistema de pulseras telemáticas para el control de llegaron a Igualdad desde el primer día en que Telefónica y Securitas Direct, encargadas del gestionar los datos de los dispositivos, transfirieron la información a las nuevas empresas -Vodafone y Securitas Seguridad- que iban a controlarlos. Esto ocurrió hace ocho meses. A pesar del paso del tiempo, la respuesta desde el Ministerio de Igualdad siempre fue el silencio.