Así te afecta la recién aprobada estrategia de la Inspección de Trabajo: "Es una revolución tecnológica"
El Gobierno ha dado luz verde a la estrategia de la Inspección de Trabajo para los próximos tres años, un programa que mezcla más medios humanos con una fuerte inversión en herramientas digitales y que obligará a las empresas a revisar de inmediato la forma en la que registran jornadas, nóminas y cotizaciones.
Con la incorporación progresiva de 550 inspectores y subinspectores y un paquete de 28,5 millones de euros para modernizar sistemas, la administración prepara una oleada de actuaciones que afectarán sobre todo a la temporalidad fraudulenta, las horas extra no abonadas y las altas irregulares en Seguridad Social.
Según detalla Tania Flores, responsable de Relaciones Laborales y RRHH de dPG Legal, la transformación no es solo cuantitativa: “Supone una revolución tecnológica”. El objetivo es que los equipos puedan contrastar en tiempo real bases de datos de afiliación, nóminas y horarios, lo que reducirá el margen de maniobra a quienes aún trabajan con papeles desactualizados o programas que no comunican con la Seguridad Social.
Cuatro frentes que escudriñarán los inspectores
La instrucción interna marca como prioritarias las relaciones laborales (salarios, complementos y control horario), la prevención de riesgos, la igualdad y no discriminación, y la Seguridad Social, es decir, verificar que cada trabajador esté correctamente dado de alta y que las cuotas se ingresen por la base adecuada. El cruce de información permitirá detectar desviaciones de oficio, y la simple omisión del registro diario de jornada bastará para iniciar un expediente sancionador.
Para adaptarse, dPG Legal asegura que las compañías deberán digitalizar contratos, partes de baja y nóminas en plataformas que permitan exhibir la documentación en segundos cuando llegue un inspector, el gabinete aconseja además implantar cuanto antes un control horario digital homologado, ya que el Ministerio ultima la obligatoriedad de esta herramienta antes de que finalice el año y su ausencia se considerará infracción grave.
También advierten de que la colaboración durante la visita será clave: la negativa a facilitar acceso a datos o empleados puede multiplicar las sanciones, mientras que la actitud proactiva y la corrección inmediata de irregularidades detectadas permite reducir hasta en la mitad las multas que, en casos de trabajo no declarado, oscilan entre 3.000 y 10.000 euros por cada trabajador afectado.
Con la inspección ya calendarizada para el trienio, revisar procesos y buscar asesoramiento especializado pasa de ser recomendable a imprescindible para evitar sobresaltos, tal como subraya el despacho dPG Legal, quien insiste en que la preparación empresarial será la mejor herramienta para contribuir al mercado laboral que prometen las nuevas reglas del juego.