El cónclave de los barones del PP de octubre será la plataforma para presentar su proyecto de política inmigratoria, como alternativa a lo que Núñez Feijóo calificó como «bipartidismo» del PSOE y de Vox. Las principales directrices del plan ya fueron expuestas en el último Congreso del PP, celebrado en julio pasado, pero ahora cobran más importancia estratégica para los populares a la vista de los beneficios que cobra Vox con su discurso populista, pero eficaz. Es evidente que la bandera de la mano dura contra la inmigración ilegal ondea en toda Europa, y no solo en manos de partidos de extrema derecha, sino también en formaciones de izquierda, como la socialista que gobierna Dinamarca, y de derecha liberal, que asumen la responsabilidad de no negar la realidad que se vive en muchas ciudades. El problema es aplicar a esa realidad una política que combine la visión realista de lo que sucede con los estándares humanitarios y garantistas propios del Estado liberal y democrático. La idea de las deportaciones masivas es delirante, pero no menos perjudicial es la idea opuesta del multiculturalismo de fronteras abiertas. Las sociedades europeas se han construido sobre una comunidad de valores, heredados de la Ilustración, de la que resulta una identidad cívica. Romper la homogeneidad de estos valores para alojar propuestas culturales incompatibles es la mejor manera de alimentar los extremismos xenófobos. Las propuestas migratorias del PP intentan articular un programa de acción política con herramientas que ya existen y otras que habrá que ampliar o crear. Pero la idea fuerza más importante del programa popular es que es necesario cambiar el paradigma sobre la inmigración y trasladarlo desde la irresponsable ingenuidad de que las fronteras no existen y pueden ser saltadas al reconocimiento de la soberanía nacional para decidir quién entra en el país y en qué condiciones puede quedarse. Propiciar la inmigración iberoamericana, como propone el PP, no debería de exigir muchas explicaciones. Es cierto que el hecho de ser hispanohablante y formado en una cultura cristiana no garantiza por sí solo una plena integración en la sociedad española, pero, sin duda, lo facilita. Reforzar fronteras, expulsar delincuentes, impulsar la suficiencia económica del inmigrante y vincular la residencia a un contrato de trabajo parecen reglas razonables de una política de Estado para una sociedad que, como la española, es acogedora, solidaria y abierta. Lo que no debe ser es irresponsable. Las críticas del Gobierno al plan del PP son tan habituales que carecen de valor político e incurren, además, en incongruencias palmarias. Si Bolaños considera que las propuestas de Feijóo son «claramente xenófobas», haría bien en preguntarse qué es el pacto migratorio que el Gobierno firmó con Junts y que el Congreso, con votos de partidos de izquierda, rechazó entre acusaciones de racismo. Si el Gobierno tuviera una política reconocible sobre inmigración, podría criticar a la oposición con algo de autoridad. Pero no la tiene, como se ha encargado de recordar el Gobierno de Canarias, que se siente, con razón, estafado por el de Sánchez. De los 587 menores inmigrantes no acompañados que el Ejecutivo socialista anunció que realojaría, solo se ha hecho cargo de 113. Entre tanto, la vía argelina sigue mandando a Baleares inmigrantes en pateras y se niega u oculta absurdamente la incidencia de extranjeros en las estadísticas de criminalidad. La tercera vía, la de la sensatez, la legalidad y el humanitarismo, es urgente para abordar la problemática de la inmigración ilegal en España.
