Cuando era regidora de Reynosa, Tamaulipas, en enero de 2023, Denisse Ahumada Martínez usó la ley de violencia política de género para denunciar a sus rivales políticos y a dos periodistas que cuestionaron su desempeño en el cargo público. Las autoridades electorales exoneraron a los funcionarios y solo castigaron a los comunicadores, obligándolos a disculparse públicamente y quedar inscritos en el registro nacional de violentadores.¿Qué pasó con el caso Denisse Ahumada Martínez?La historia dio un vuelco cuando en junio de ese mismo año Ahumada Martínez fue detenida en Texas, Estados Unidos, con 92 kilogramos de cocaína y sentenciada a 37 meses de prisión. Este caso evidenció cómo un mecanismo jurídico creado para proteger a las mujeres en la política fue utilizado para censurar a la prensa mientras la alcaldesa mantenía vínculos con el crimen organizado.Este ejemplo solo ilustra el hecho de que las sanciones por violencia política de género crecieron a niveles históricos a partir de 2024 y lo hicieron de la mano de un aumento notable en los casos contra civiles, periodistas y usuarios de redes sociales.Estos grupos concentran el 65% de las sanciones aplicadas en lo que va de este año, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 31 de agosto.Desde su implementación en 2020, los castigos por violencia política se centraban mayoritariamente contra personas que ostentaban un cargo público o candidatos, pero, en los últimos años, el blanco predilecto de las denuncias son los ciudadanos de a pie y medios de comunicación; lo que, en algunos casos, refleja una intención de censura por la desproporcionalidad de las sentencias.“Lo que estamos viendo ahora con esta figura de la violencia política contra la mujer por razón de género es algo bastante grave, porque es un mecanismo que legítimamente está instituido para lograr un objetivo, pero que está siendo utilizado como un vehículo de censura”, sostiene la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola.Experta de la UNAM opinaLa académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mónica Amilpas, también advierte que “puede haber ciertos riesgos de que estas sanciones se usen para silenciar voces críticas, en vez de combatir la violencia de género” y señala la responsabilidad de los ciudadanos a “estar muy alertas con la aplicación de estos instrumentos jurídicos para que no sean utilizados de manera abusiva”.En apenas dos años, la ley de violencia política de género vivió su mayor explosión y cambió de blanco. Entre enero de 2024 y julio de 2025 sumaron 229 personas de cualquier tipo sancionadas por señalamientos contra mujeres; dicha cifra representa un incremento de 45% respecto a los 158 castigos que se impusieron en el lapso 2022-2023.Ese salto fue todavía más vertiginoso si se enfoca únicamente al bloque de personas civiles y comunicadores. Desde enero de 2024 se reportaron 114 personas sancionadas, mientras que en los dos años previos sumaron 72 casos, lo que evidencia una subida de 58% en este sector.La proporción muestra el cambio de fondo. En 2020 los ciudadanos y comunicadores representaban menos de una quinta parte de las resoluciones; en 2024 rebasaron el 40% y en 2025 ya concentran casi dos tercios.La norma, diseñada para garantizar la participación femenina en la vida pública, se aplica hoy con fuerza en entornos digitales y contra voces que no participan en la competencia electoral.RM
