CODEPU y el caso de Bernarda Vera: “Solidarizamos con los familiares de DD.DD. y ejecutados que vivirán la ofensiva negacionista”
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) reaccionó al reciente reportaje televisivo sobre Bernarda Rosalba Vera Contardo, calificada como detenida desaparecida en el Informe Rettig, que plantea la posibilidad de que esté viva en Argentina. La organización cuestionó el carácter “no concluyente” del reportaje y advirtió que su difusión generó conmoción en organismos de derechos humanos y en familiares de víctimas de la dictadura.
En su comunicado, la organización señaló que, de confirmarse que Vera sigue con vida, se trataría de un caso donde “alguien que pudo ser una víctima vive. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror”. No obstante, recordaron que “ella, su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la verdad y toda la justicia”.
El organismo contextualizó que los hechos se originaron en la zona cordillerana de Neltume, lugar marcado tanto por la organización social de los trabajadores como por la represión posterior al golpe de Estado. Igualmente, recordaron que desde 1973 la localidad fue escenario de allanamientos, torturas, prisión política y fusilamientos, en hechos como los de Liquiñe, Chihuio y la Caravana de la Muerte.
Además, CODEPU insistió en que el caso evidencia las limitaciones de la Comisión Rettig, cuyo informe de 1991 fue apenas un primer paso hacia la verdad y la justicia. Según la organización, con el paso del tiempo esos objetivos se han visto debilitados por pactos de silencio, prescripciones, fallos tardíos y protecciones a los responsables, en un contexto donde incluso se debate la entrega de beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos.
Fachada del Ministerio de Justicia. Foto: ATON.
“En nuestra opinión, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar cada uno de los casos recogidos en los informes oficiales. El Estado tenía y tiene la obligación de realizar todas las gestiones para aclarar toda duda razonable en la calificación de una víctima. Desconocemos si se ejecutaron todas las acciones necesarias y oportunas para verificar la situación y también desconocemos aquellas que por desidia, negligencia no se realizaron. Estamos convencidos que ésta situación requería una verificación pronta, que pudo realizarse antes y que fuera el resultado de la acción del propio Estado”, expresaron.
En esa línea, y sobre el Plan Nacional de Búsqueda, creado para esclarecer el destino de los desaparecidos, plantearon que “los familiares no se merecen una nueva frustración y ello lo obliga a actuar con diligencia y decisión, aptitudes ausentes en este caso y que pone -lamentablemente- en cuestión su eficacia y compromiso con la verdad y la justicia que la sociedad chilena exige y merece”.
Adicionalmente, reafirmaron que un caso aislado no invalida la magnitud de las violaciones cometidas durante la dictadura: “Un hecho entre las miles de verdades no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados. Fueron miles y miles los crímenes y delitos cometidos por la dictadura civil-militar que le significaron la condena internacional durante los 17 años de su existencia”, enfatizaron. En lo inmediato, expresaron solidaridad con los familiares de víctimas que enfrentarán lo que definen como una “ofensiva negacionista” a partir de esta situación.
Finalmente, CODEPU condenó “todo intento de obtener ganancias políticas espurias” y advirtió sobre el riesgo de que sectores que apoyaron la dictadura utilicen este caso para relativizar o negar los crímenes cometidos. “Por los que no están, continuaremos exigiendo toda la verdad y toda la justicia. El Estado tiene la obligación de investigar, verificar y realizar la justicia”, concluyó el comunicado.