MP propone reformas legales y operativas al Congreso para combatir extorsiones y crimen organizado

El Ministerio Público (MP), presentó al Congreso de la República una serie de propuestas legales y operativas para enfrentar de manera más eficaz el fenómeno de las extorsiones y el crimen organizado, especialmente vinculado a las estructuras de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha.

Es noticia. Las peticiones fueron expuestas por la fiscal general Consuelo Porras durante una reunión celebrada en la sede del MP, ubicada en el Barrio Gerona, zona 1 de la capital.

• En el encuentro participaron diputados, Jefes de Bloque y miembros de la Directiva del Congreso.
• En este encuentro, se abordaron los principales desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.
• Se enfatizó en la necesidad de reformas profundas que permitan fortalecer la capacidad institucional del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

Qué destacar. Entre las propuestas más relevantes se encuentra la revisión del Código Penal y del Código Procesal Penal.

• Ello, con el objetivo de endurecer las penas por delitos como extorsión, tráfico de armas y asociación ilícita.
• Asimismo, se solicitó incluir el delito de extorsión en el catálogo de crímenes que permiten el uso de métodos especiales de investigación, como interceptaciones telefónicas y vigilancia electrónica.
• El MP también propuso modificar la ley de aceptación de cargos, para prohibir que personas involucradas en delitos graves como sicariato, extorsión o crimen organizado puedan acceder a beneficios procesales que les permitan salir rápidamente de prisión y reincidir en sus actividades delictivas.

Por qué importa. Otro punto importante fue el control de las telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios.

• En la actualidad, la ley permite suspender el servicio de teléfonos utilizados en cárceles, pero el MP propone que se inactiven los números telefónicos directamente, para evitar que sean reutilizados.
• También se planteó imponer sanciones económicas a las empresas de telefonía que no vinculen los dispositivos a usuarios identificables, y se solicitó la instalación de bloqueadores de señal compatibles con tecnologías como 5G en todos los centros carcelarios del país.
• Estas medidas buscan frenar el uso de celulares por parte de reclusos para coordinar extorsiones y otros delitos desde el interior de las cárceles.

Datos. Durante la reunión, los fiscales compartieron cifras que evidencian la magnitud del problema.

• Desde 2017, las denuncias por extorsión han superado las 13 000 anuales. En 2024, se realizaron más de 975 allanamientos, se iniciaron 1 055 procesos judiciales y se logró la condena de 1119 personas.
• Además, se incautaron 116 armas de fuego en manos de pandilleros, y se evitó la muerte de al menos 34 personas gracias a investigaciones conjuntas con la Policía Nacional Civil.
• La fiscalía también denunció que el control territorial de las maras afecta colonias, centros educativos, iglesias y empresas de transporte.

En conclusión. El Ministerio Público pidió al Congreso aprobar un presupuesto fortalecido para la resolución penal contra las pandillas, con énfasis en el fortalecimiento de la institución.

• También se solicitó la creación de centros penales especializados para líderes pandilleros de alta peligrosidad, así como mejorar el perfilamiento del personal penitenciario, ante los hallazgos de armas, drogas y teléfonos en cárceles.
• Se propuso establecer planes de seguridad para víctimas de extorsión, especialmente en el sector transporte, y reforzar la protección de fiscales y personal del MP, ante los riesgos que enfrentan en sus funciones.
• La fiscal general subrayó la necesidad de invertir en tecnología para enfrentar el fenómeno de las pandillas, y propuso la creación de unidades especializadas en cada departamento del país, así como programas de prevención para niños y adolescentes vulnerables al reclutamiento criminal.