“No es normal tener que recorrer 180 kilómetros para abortar”: cientos de personas reclaman a Page el aborto en la sanidad pública
En Castilla-La Mancha el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se producen en clínicas privadas o concertadas. Este lunes, decenas de personas se han concentrado para reclamar que las mujeres que decidan abortar puedan hacerlo en los centros públicos adscritos al SESCAM y ejercer ese derecho que está reflejado en la Ley
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Todas las capitales de provincia castellanomanchegas -a excepción de Cuenca- han acogido concentraciones este lunes para denunciar el “incumplimiento por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública”, según señala Amnistía Internacional como una de las 37 organizaciones convocantes.
“Nos hemos reunido todas porque creemos que la ley a favor del aborto que tienen ahora mismo en España, Castilla-La Mancha no la está aplicando como debe. Porque la mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, señala Lourdes Madrid, de la Plataforma 8M de Toledo donde se habilitó una mesa para que la ciudadanía pudiera firmar postales dirigidas al presidente regional, Emiliano García-Page, para trasladarle la reivindicación.
“Queremos que el aborto se pueda hacer en los centros de salud públicos del SESCAM porque hay hasta 20 hospitales en la región. Lo que tienen que mirar es que no se puede objetar por centros, sino que es algo individual”, concluye Lourdes.
Más del 60% de las mujeres que abortan en la región se desplazan a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho
En Toledo, varias decenas de personas al grito de cánticos como “fuera los rosarios de nuestros ovarios” o “nosotras parimos, nosotras decidimos”, se han concentrado en la plaza de Zocodover para pedir al gobierno de Emiliano García-Page que el aborto se practique en los centros sanitarios públicos.
Isabel Álvarez, de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, señala que el objetivo es “exigirle al Gobierno regional que cumpla con la ley del 2023, pero también con la cartera de prestaciones del sistema sanitario de la región. Se está pasando por el arco del triunfo los derechos de las mujeres, pero sí atiende los derechos de los objetores. Las mujeres se encuentran desprotegidas cuando toman la decisión, una decisión muy dura”.
Las protestas se repitieron en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, con un mensaje claro: “El aborto es mi derecho”.
Hace ya dos años y medio que se aprobó la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, desde la organización denuncian que la Junta de Castilla-La Mancha “no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público”, expresa Amnistía Internacional. Desde la organización aseguran que en caso de hacerlo se podría poner fin a “las desigualdades territoriales y a depender exclusivamente de clínicas privadas”.
Que dejen a las mujeres que tomen sus decisiones, que no son menores de edad, y son decisiones muy pensadas
Las organizaciones que han convocado las concentraciones afirman haberse dirigido en varias ocasiones, incluso a través del Portal de Transparencia, al consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, así como a la consejera de Igualdad, Sara Simón. Sin embargo, a pesar de expresarles en los últimos dos años sus preocupaciones sobre el incumplimiento de la Ley y proponerles tener una reunión conjunta para conocer información acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno regional, no han obtenido respuesta.
La Consejería de Sanidad emitió a principios de este verano una respuesta oficial, “solo tras una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia por incumplir los plazos legales, que confirma la falta de voluntad política” con respecto a la posibilidad de la IVE en la sanidad pública, según explica Amnistía Internacional.
Durante las concentraciones se ha leído un manifiesto con las reivindicaciones.
El 99,94% de abortos se realizan en clínicas privadas o concertadas
En Castilla-La Mancha, únicamente se realizan abortos en dos centros sanitarios, en Miguelturra (Ciudad Real) y Albacete, una realidad que no ha cambiado en los últimos años. Rafaela Alonso, coordinadora del grupo local de Amnistía Internacional en Toledo, explica que “por cercanía, de Toledo, Cuenca y Guadalajara la mayoría van a Madrid” para proceder a esta interrupción voluntaria del embarazo.
La organización señala que cada año, más del 60% de las mujeres que abortan en la región se desplazan a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho. Entre 2010 y 2023 se practicaron 47.239 abortos a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha, pero solo 18.895 se realizaron en centros castellanomanchegos. Amnistía Internacional lamenta que el Gobierno socialista de Emiliano García-Page “normalice” que el 99,94% de los abortos se lleven a cabo en clínicas privadas o concertadas -en estos 14 años (periodo 2011 a 2025) solo se han producido 30 en centros públicos-. “Esto evidencia un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional; la negativa a practicar abortos debe ser individual, no colectiva ni de los centros”, explican.
De igual forma, desde la organización critican que la información pública que existe sobre la interrupción voluntaria del embarazo es “insuficiente” y se reduce al teléfono Salud Responde, que no cuenta con información accesible como protocolos, folletos o páginas web. Por ello, los organizadores de las concentraciones también han realizado una recogida de firmas, de manera que se implementen estas mejoras en la forma que se transmite la información a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, así como que se forme a los médicos y ginecólogos en este tipo de prácticas.
“Creemos que no se está formando a los futuros ginecólogos y obstreras en estas prácticas instrumentales por esa objección de conciencia y porque no hay quien los forme y no se les está obligando a cumplir con ello”, explica Isabel Álvarez.
Cuando ejercer un derecho se convierte en un palo en la rueda
Ir a una clínica que realiza interrupciones voluntarias del embarazo es también hacer frente “al acoso y al hostigamiento por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en las puertas de estos centros con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión”, según denuncian desde Amnistía Internacional.
“Algunas compañeras nos han reportado que frente a las clínicas que sí realizan abortos en Castilla-La Mancha a veces estas asociaciones que se dicen provida, como si las demás no lo fuésemos, y sí somos provida, sobre todo de una vida digna, se apostan en la puerta y presionan a las mujeres que van allí, bien rezando o enseñándoles rosarios. En Toledo en las puertas de algunas tiendas dejaban simulacros de fetos pequeñitos. Eso es acoso”, explica Isabel Álvarez. “Que dejen a las mujeres que tomen sus decisiones, que no son menores de edad, y son decisiones muy pensadas”, concluye.
La interrupción voluntaria del embarazo es un proceso que en ocasiones hace a las mujeres sentirse “criminales, culpables y clandestinas”, cuando solo están ejerciendo su derecho. “La Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar”, reivindican desde Amnistía Internacional.
Por otro lado, Rafaela Alonso señala que tampoco se está informando sobre cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023. “La objeción de conciencia es un acto personalísimo, es un acto individual, no puede objetarse por el servicio de ginecología del hospital. Tiene que ser personal y nos tememos puedan estar produciéndose lo que se llama objeciones de conciencia por servicios o por hospitales”, explica Alonso
La ley establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”, recuerdan.