La miseria ignorada: un sueldo y un trabajo ya no evitan ser pobre
La pobreza real ya no tiene una imagen desaliñada, ropa sucia, cara de hambre, ni pide en la calle ni es carne de chabolismo ni llena las colas del hambre. La miseria es invisible para millones de familias españolas, que no llegan a fin de mes, subsisten con la ayuda de terceros, tienen dificultades para afrontar los gastos esenciales, están obligadas a compartir vivienda y su privación material y social severa colocan a España a la cola de la Unión Europea junto a Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. Los informes de las ONG apuntan a que la desigualdad y la exclusión social se han disparado en la última década, pero se han acelerado en el último lustro. La pobreza afecta ya a casi 9,5 millones de personas, mientras el Gobierno presume de cohete económico y tira de auge macroeconómico, con cifras de crecimiento en torno al 3%, para asegurar que sus políticas sociales funcionan. La realidad es bien distinta. Lo dicen los números, no las palabras.
En el último informe Foessa, Cáritas puso el dedo en la llaga al denunciar que la mayoría de la pobreza permanece oculta, invisible a las estadísticas oficiales porque se centra en el sinhogarismo, los comedores sociales, los perceptores de ingreso mínimo vital o los subsidios sociales. Es la pobreza ignorada, aquella que afecta a los hogares cuyos miembros tienen trabajo y un sueldo, pero son incapaces de afrontar sus gastos esenciales mensuales, la que crece sin freno entre las familias españolas. Una pobreza que pasa desapercibida, pero que existe y, a diferencia de lo ocurrido en épocas pasadas de crisis económica, en las que el paro era la principal causa de exclusión, ahora tiene otra vinculación, relacionada con la inflación y con el sobreesfuerzo de los costes de la vivienda, que afecta de forma directa a un 14% más de la población que en 2018 –cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a la Moncloa–, lo que sitúa la cifra de pobres invisibles en España en 6,8 millones.
Causa directa de ello ha sido la descapitalización de la clase media, la que más sufrió con la crisis financiera y la que está pagando aún sus consecuencias. Y un dato resulta clarificador: en 2013, el 57% de los hogares en exclusión social había logrado tener una vivienda en propiedad, aunque tuviera pagos pendientes; en la actualidad, esa proporción se ha reducido a apenas tres de cada 10. Muchos de ellos se ven forzados a compartir pisos con más personas, a volver a la casa familiar o recurrir a los llamados nanopisos, de menos de 25 m2, incapaces de poder pagar viviendas adecuadas. Una situación que afecta ya a 3,4 millones de personas.
Una circunstancia que se refleja también en los datos de privación material y social severa en los que se encuentra una parte nada desdeñable de la población española. Según los datos de Eurostat analizados por Funcas, la mejoría observada entre 2023 y 2024, cuando el porcentaje de población española en esta situación bajó del 9% –la cifra más alta desde que se cuenta con este indicador– al 8,3% resulta «modesta en perspectiva temporal y comparada». Sin embargo, pese al crecimiento económico de los últimos años, la tasa todavía no ha recuperado el nivel previo a la pandemia (7,7% en 2019) y «ni siquiera muestra una clara tendencia descendente desde 2020». De hecho, su evolución desde 2015 podría calificarse de «estable», en contraste con la del conjunto de la Unión Europea, que muestra una trayectoria descendente hasta 2021.
En segundo lugar, la posición relativa de España no ha cambiado: en 2023 ocupaba el quinto lugar de los 27 países de la Unión Europea con mayor porcentaje de privación material y social severa, lugar que no ha variado por la mejoría de 2024. La tasa española supera en casi dos puntos porcentuales la media comunitaria del 6,4%, así como en casi cuatro puntos las tasas de nuestros vecinos Italia (4,6%) y Portugal (4,3%). Los mejores resultados los presentan Eslovenia (1,8%), Croacia (2%), Luxemburgo y Polonia (2,3%) y Chequia (2,6%).
De los casi cuatro millones de personas en situación de privación material y social severa en España–un indicador que refleja el porcentaje de individuos que no pueden permitirse al menos siete de trece valores considerados esenciales, como mantener la vivienda adecuadamente climatizada, afrontar gastos imprevistos, irse de vacaciones al menos una semana al año o participar en actividades sociales básicas–, «las dificultades se concentran en los hogares con menores y en la población de origen extranjero».
Según el informe de Funcas, por tipo de hogar se observa que las mayores dificultades se dan en los hogares con niños o jóvenes dependientes, cuya tasa es superior a la de la mayoría de los países europeos. En España, el porcentaje de individuos residentes en hogares monoparentales en situación de privación material y social severa (16,4%) casi duplica la media comunitaria (8,3%).ç
El porcentaje se reduce considerablemente si se trata de un hogar con niños o jóvenes menores dependientes y al menos dos adultos con trabajo (9,4%), pero sigue estando tres puntos porcentuales por encima de la media europea (6,3%). Además, que el porcentaje de población en privación material y social severa sea casi el doble en los hogares de dos adultos con niños o jóvenes dependientes que entre los individuos de 65 años o más que viven solos (5,2%) es bastante anómalo en el contexto europeo, pues solo ocurría en 7 de los 27 países comunitarios en 2024, y en ninguno la diferencia alcanza la magnitud española.
Además, la privación material y social severa afecta de manera muy desigual a la población autóctona y a la nacida en el extranjero, un patrón común en la Unión Europea, pero especialmente marcado en España. El porcentaje de inmigrantes –población de 16 años o más– en esa situación casi triplica al de los autóctonos (16,6% frente a 5,6%). El cohete económico no llega a todos.