El Gobierno británico da más poderes a Scotland Yard tras los arrestos masivos en las manifestaciones propalestinas
El Gobierno británico dará más competencias a la Policía para prohibir o restringir las manifestaciones, después de que casi 500 personas fueran detenidas durante el fin de semana en una protesta pacífica en apoyo del grupo proscrito Palestine Action. La polémica medida, anunciada ayer por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se tramitará mediante una reforma de la Public Order Act de 1986 para responder a la oleada de movilizaciones en apoyo a Palestina que se vienen repetido tanto en Londres como en otras ciudades del país en los últimos meses.
Según Mahmood, se trata de “equilibrar el derecho a la libre protesta con la necesidad de proteger a la ciudadanía y apoyar a la Policía”, que denuncia una falta de recursos. “Las protestas multitudinarias y reiteradas pueden hacer que sectores de nuestro país, en particular las comunidades religiosas, se sientan inseguros, intimidados y con miedo de abandonar sus hogares”, argumentó.
El pasado 5 de julio, el Ejecutivo ilegalizó al grupo Palestine Action tras varios actos de boicot, con daños materiales, contra el suministro de armas a Israel. Desde entonces, más de 1.500 personas han sido detenidas en las protestas celebradas para tratar de impugnar su prohibición. En los actos, numerosas personas, muchas de ellas mayores o discapacitadas, se sientan en silencio con pancartas que dicen: ‘Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action’. La Policía los suele sacar en brazos para luego formalizar el arresto, lo incrementa aún más la tensión.
Tanto el Gobierno como Scotland Yard pidieron a los organizadores de las protestas convocadas para el pasado sábado que las aplazaran unos días por respeto al duelo tras el atentado terrorista del pasado jueves, cuando dos personas perdieron la vida y tres resultaron heridas de gravedad tras el ataque a una sinagoga de Manchester en pleno Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos. El agresor, abatido a tiros por los agentes, fue identificado como Jihad al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de origen sirio que se encontraba en situación de libertad bajo fianza, después de haber sido investigado el año pasado por una presunta violación. Sin embargo, los manifestantes tanto en Londres como en Mánchester decidieron seguir adelante con la convocatoria, al considerar que eran dos asuntos separados.
Desde que comenzó la guerra en Gaza con el atentado de Hamás en 2023 y la sangrienta respuesta de Israel, se ha registrado un número récord de ataques a la comunidad judía británica, una de las más antiguas de Europa. En este sentido, según los analistas, el atentado del jueves causó profundo shock, pero desgraciadamente no fue una sorpresa.
Para el premier Keir Starmer, que ha reconocido recientemente el estado de Palestina, la situación es complicada, ya que para los laboristas el voto de la comunidad musulmana es importante. Pero al mismo tiempo quiere acabar con las acusaciones de antisemitismo dirigidas a la formación cuando estaba liderada por el radical de izquierdas Jeremy Corbyn.
El Gobierno justifica ahora su decisión por la seguridad pública, pero los críticos consideran que viola el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Hasta ahora la policía podía restringir una manifestación si suponía riesgo de violencia, daños graves a la propiedad o perturbación importante a la vida de la comunidad. Con la modificación propuesta ahora por el Ejecutivo, se incorporará un nuevo criterio: la frecuencia de protestas en el mismo lugar.
En la práctica, si una organización convoca concentraciones de forma reiterada frente a un edificio oficial, un tribunal o una embajada, la policía podrá ordenar que se trasladen a otro emplazamiento o que se limiten sus horarios. Quien desobedezca se expone a las mismas sanciones que rigen hoy: hasta seis meses de cárcel, una multa de 2.500 libras o ambas penas.
El cambio afectará tanto a marchas como a protestas estáticas. Desde el Ministerio del Interior apuntan que se introducirá mediante legislación primaria, con el objetivo de blindar la reforma frente a posibles recursos.
El precedente reciente no juega a favor del Gobierno. En 2023, la anterior administración conservadora intentó restringir el derecho de manifestación por la vía rápida, rebajando el umbral para intervenir en actos que causaran “más que una alteración menor”. La organización de derechos civiles Liberty recurrió la medida y tanto el Tribunal Superior como la Corte de Apelación declararon ilegal la reforma al haberse aprobado mediante un instrumento estatutario y sin votación parlamentaria. Starmer pretende evitar ese escollo legislando ahora de forma directa, pero los juristas no descartan nuevas batallas en los tribunales.