¿Por qué, en los choques leves, la carretera debe convertirse en espacio de negociación?
En días pasados, un ciudadano perdió la vida al bajarse de su carro para atender una necesidad biológica y ser impactado por otro vehículo. Más allá de lo doloroso del caso, este hecho revela un riesgo cotidiano que solemos pasar por alto: detenerse en la vía pública, aun por situaciones menores, multiplica las probabilidades de una tragedia.
Salir del vehículo en plena carretera es exponerse a un entorno hostil: carros que circulan a gran velocidad, visibilidad reducida y la fragilidad absoluta del cuerpo humano frente a toneladas de metal en movimiento.
Cada vez que alguien se estaciona en la vía por razones diversas –desde discutir por un choque menor hasta revisar si el carro tiene un rayonazo–, no solo pone en riesgo su vida, sino que también crea congestión y condiciones peligrosas para todos.
El marco legal actual contribuye a este problema. El artículo 168 de la ley de tránsito permite que, en accidentes donde solo hay daños materiales, los conductores permanezcan en el sitio mientras negocian, toman fotos o esperan la llegada de un oficial, si no hay acuerdo.
Este diseño normativo, que en su momento buscaba garantizar certeza y respaldo, hoy se convierte en un factor de riesgo: obliga a las personas a quedarse en la carretera, exponiéndose innecesariamente a ser víctimas de un accidente secundario, muchas veces más grave que el inicial.
El resultado es doblemente negativo: se crean presas innecesarias y se aumenta la probabilidad de que un incidente menor termine escalando a una tragedia. La vida de una persona no puede seguir poniéndose en la balanza frente a la preservación exacta de la escena de un choque.
Costa Rica necesita una reforma legal integral que coloque la seguridad de las personas por encima de los daños materiales. Los conductores deberían estar obligados a moverse a un punto seguro cuando no hay lesionados, intercambiar datos y delegar el diferendo a las aseguradoras. Para eso, el seguro de responsabilidad civil debería ser obligatorio y universal, garantizando que siempre haya cobertura sin que la carretera se convierta en un campo de negociación improvisado.
Hoy, contamos, además, con herramientas tecnológicas que antes no existían. Desde grabadores en vehículos hasta cámaras de videovigilancia en prácticamente cada esquina, existen formas seguras y confiables de documentar un accidente sin necesidad de arriesgar la vida en plena vía. Estos recursos pueden y deben ser reconocidos como evidencia válida, sustituyendo la fijación de la escena en carretera.
Una reforma de este tipo no solo reduciría el congestionamiento vial, sino que también cortaría de raíz la posibilidad de que un roce termine en tragedia.
El país debe avanzar hacia un modelo donde la protección de la vida humana esté por encima de la preservación del metal. Porque una vida vale infinitamente más que un carro.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.