Sumar quiere acelerar la regularización extraordinaria para enfrentar el relato de la extrema derecha sobre inmigración

“La izquierda tiene que hablar de según qué cosas”. Es una frase que usó hace unos días el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, para abroncar a las formaciones progresistas por no entrar en la discusión que está planteando la extrema derecha sobre inmigración. En un contexto en el que Vox, otras formaciones más pequeñas como la de Alvise Pérez y ahora también el PP acompañan su discurso con palabras como multirreincidencia o inseguridad, Sumar cree que el Gobierno debería responder con un marco completamente distinto y ve en la regularización extraordinaria una oportunidad. 

Los discursos de la extrema derecha han colocado la inmigración entre los cinco principales problemas para los ciudadanos, según muestran los últimos barómetros del CIS. La tendencia no es nueva, justo hace un año las campañas de esas fuerzas convirtieron este asunto en la principal preocupación de los encuestados. Pero este verano se ha vuelto a intensificar, a caballo de sucesos como el de Torre Pacheco, con todas las derechas, también el PP o Junts, en una espiral de discursos cada vez más racistas.

El pasado domingo, de hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, juntó a los barones de su partido en Murcia para plantear una serie de políticas contra la inmigración, entre ellas una reforma para expulsar a las personas extranjeras con residencia legal en España que cometan “delitos reincidentes aunque sean leves”. 

En un escenario como este, Sumar cree que el Gobierno tiene que emprender medidas concretas para intentar cambiar el marco de la conversación y por eso ha pedido a su socio acelerar la regularización extraordinaria de migrantes que tienen entre manos los partidos en el Congreso. La propuesta nació de una iniciativa legislativa popular con más de 600.000 firmas pero su tramitación está completamente bloqueada. 

La idea que trasladó Sumar esta semana es que el Gobierno “lleve el debate de la regularización” con carácter inmediato. Son las palabras que usó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apenas un día después de que el PP presentase en Murcia su paquete de medidas sobre inmigración. “La mejor defensa de las personas migrantes es que tengan derechos”, defendió. 

Movimiento Sumar, su partido, afinó más la idea un poco más tarde y puso octubre como fecha para que esa regularización quede aprobada, aunque la coordinadora del partido, Lara Hernández, no ató esa exigencia a las negociaciones concretas que se están dando alrededor de la ILP del Congreso. “Las cuestiones técnicas no nos interesan, lo que nos interesa es que se produzca cuanto antes”, explicó a preguntas de los periodistas.

El problema que plantea la fecha de octubre es que la regularización por la vía parlamentaria no depende de la voluntad de una única parte. No basta con presionar al PSOE o a Podemos o a Junts, sino que se trata de articular un acuerdo que concite sensibilidades diferentes sobre esa misma ley, más aún en un contexto en el Congreso en el que las posiciones de los grupos, especialmente las de los independentistas catalanes y la formación de Ione Belarra, son cada vez menos flexibles. 

De forma resumida, Podemos exige una regularización de todas las personas hasta la entrada en vigor de la ley mientras que el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, quiere acotar la medida a las personas con contrato de trabajo o que realicen una actividad económica, aunque se mostraron abiertos durante la negociación a ampliar esos criterios. Y Junts no quiere dar más pasos si no se trasladan las competencias de inmigración a Catalunya, como pedía la ley que registraron y que tumbó el Congreso hace apenas unos días precisamente por la negativa de Podemos. 

El partido de Ione Belarra ha pedido al Gobierno en las últimas semanas que impulse la regularización vía real decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso, y es esa segunda opción la que ponían estos días algunas voces de Sumar sin atreverse a reclamarla públicamente. José Luis Rodríguez Zapatero utilizó esta opción, la del real decreto, para impulsar la regularización de 2005, la última aprobada en España, si bien es cierto que lo hizo mediante el desarrollo del reglamento de una reforma de la ley de Extranjería aprobada dos años antes. 

Es por eso que en la parte socialista del Gobierno descartan por el momento cualquier vía que no sea la iniciada ya por el Congreso a través de la ILP. Si saliese adelante esa iniciativa consideran que el Ejecutivo ya tendría el marco suficiente para aprobar un decreto que diese forma a la regularización. Sin el arrope de la ley, consideran, no tendrían capacidad para implementar una medida de ese alcance. “El marco es el de la ILP, no hay otro”, zanjan. Informa Irene Castro.

En Movimiento Sumar aclaran que no se trata tanto de entrar en un choque con el PSOE para que la regularización se haga por decreto sino de marcar un horizonte temporal para que la medida sea una realidad. La idea de lanzar ese tope tiene que ver con colocar la presión en los diferentes actores, bien los partidos de gobierno, bien las fuerzas parlamentarias que negocian en el Congreso, para que la medida salga a la luz.

“Si socialmente no conseguimos un ambiente favorable hacia la inmigración las pulsiones conservadoras son las que van a vencer”, sostienen fuentes de esa formación, donde consideran que la reactivación de esta medida puede cambiar el eje de la conversación para que la inmigración pase a ser un problema entre la gente a una cuestión de “dignidad” y de “ciudadanía”.