El Gobierno aprueba hoy el decreto que impone informes previos para crear universidades privadas
El Gobierno endurece la creación de nuevas universidades con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto sobre creación, reconocimiento y acreditación de universidades, que busca reforzar los mecanismos de control y calidad del sistema universitario español, tanto público como privado. El objetivo, según fuentes del Ministerio, es «garantizar la solvencia académica y económica de las nuevas universidades ante la eclosión de centros privados –muchos de ellos online o financiados por fondos de inversión– que, en algunos casos, no han alcanzado los estándares mínimos de docencia e investigación».
El texto llega con la intención de combatir los «chiringuitos» académicos de los que en su día habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se constatara un crecimiento acelerado de universidades privadas con estructuras académicas reducidas y baja actividad científica.
El nuevo marco normativo introduce varios filtros obligatorios y vinculantes. A partir de su entrada en vigor, ninguna universidad podrá ser autorizada sin un informe positivo de la Aneca o de las agencias autonómicas de calidad, además del dictamen preceptivo de los técnicos ministeriales. Estos informes, que hasta ahora tenían un carácter consultivo, pasan a ser vinculantes, de manera que una valoración negativa impedirá legalmente la creación de un nuevo centro.
Entre las principales novedades figura también el refuerzo de la supervisión de las universidades virtuales. Aquellas que impartan más del 80% de su docencia online serán consideradas de «especiales características» y solo podrán ser autorizadas por las Cortes Generales, con evaluación exclusiva de la Aneca. El Ministerio justifica esta medida en el alcance nacional de su actividad, que trasciende la competencia autonómica.
No obstante, se han introducido tres excepciones a petición del Gobierno Vasco: las universidades con lengua cooficial, aquellas con financiación pública autonómica superior al 20% de su presupuesto y las que ya estuvieran creadas antes de la entrada en vigor del decreto.
Además, las universidades deberán tener un mínimo de 4.500 estudiantes oficiales durante los primeros seis años de funcionamiento, coherente con la oferta mínima de diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado distribuidos en tres ramas de conocimiento. Este requisito busca evitar la proliferación de campus con estructura insuficiente y plantillas reducidas.
Al tener nuevas áreas de conocimiento, será más difícil rentabilizar la inversión.
La investigación también se incorpora como elemento clave. Las universidades, sean públicas o privadas, deberán destinar al menos el 5% de su presupuesto a programas propios de investigación y captar un 2% adicional en convocatorias competitivas, un requisito que deberá cumplirse en cinco años para las ya existentes y en diez para las nuevas. Además, el 60% del profesorado deberá contar con un sexenio positivo y mantener una media de dos publicaciones cada tres años, lo que refuerza la profesionalización del personal docente e investigador.
El decreto pone el foco asimismo en la solvencia económica. Las universidades privadas de nueva creación deberán presentar avales bancarios o instrumentos legales equivalentes que acrediten su capacidad financiera. La intención es garantizar la sostenibilidad de los proyectos y evitar cierres imprevistos que dejen a los estudiantes sin cobertura. En la misma línea, los centros tendrán que detallar si pertenecen a grupos empresariales o fondos internacionales.