La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha echado agua al vino a los planes del Ministerio de Agricultura para intervenir el mercado del aceite de oliva al advertirle de que, tal y como está planteada, la medida producirá efectos «especialmente negativos»; por ejemplo, precios más altos que perjudicarían sobre todo a los consumidores con rentas más bajas y peores calidades en los lineales de los supermercados. La CNMC se refiere a un proyecto de orden ministerial que el departamento que dirige Luis Planas tiene encima de la mesa y que obligaría a las almazaras -en caso de que la producción alcance unas cotas que desplomen el precio que perciben los olivareros- a retirar hasta un 20% de las existencias durante la campaña que acaba de empezar. En una nota publicada el pasado miércoles, el organismo que preside Cani Fernández advirtió de que esta intervención del sector, que de hecho sería la primera que se lleva a cabo en democracia , elevará el precio -nótese que ese es precisamente el objetivo-, perjudicará a exportadores, distribuidores y compradores, reducirá incentivos para mejorar la calidad y variedad de la oferta y aumentará el riesgo de comportamientos coordinados entre operadores. Con esto, Competencia coincide con las tesis de la industria y se pone en contra a las organizaciones agrarias, que al fin y al cabo fueron las que pidieron al Gobierno que pusiera en marcha el mecanismo. En un comunicado muy duro, ayer COAG acusó al supervisor de alinearse «con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores« y recordó que la retirada forzosa de aceite es una medida contemplada tanto en la normativa comunitaria como en la nacional. En efecto, la intervención del mercado forma parte de la legislación española desde que en 2021 el Ejecutivo traspusiera un reglamento comunitario que va en la misma dirección a través del Real Decreto 84/2021. Sin embargo, y tras dos años de crisis de producción y precios disparados, no fue hasta el pasado julio cuando Agricultura sacó a audiencia pública la orden ministerial que debe ejecutar el decreto, tras una caída de en torno al 50% de los precios en origen y una primavera y verano que, por las buenas condiciones climatológicas, amenazaron con disparar la producción. Lo cierto es que lo más probable es que finalmente no haya intervención este año, dado que la orden que ha redactado Agricultura exige que el 'stock' a inicios de campaña más las estimaciones de producción igualen o superen al 120% de la media de las últimas seis campañas , y la previsión es que 2025/2026 cierre con una producción similar a la de 2024/2025 (1,4 millones de toneladas). Sin embargo, la nota que ha publicado la CNMC es importante porque cuestiona el fondo de una medida que el ministerio se guarda el derecho de aplicar en años venideros. Concretamente, Competencia critica que Agricultura insista en un posible exceso de sobreoferta que puede comprometer la viabilidad económica de los productores mientras «no alude al impacto de la medida respecto al resto de operadores de la cadena y de los propios consumidores«. Incluso, y aunque la orden prevé excepciones para las almazaras más pequeñas, la CNMC cree que puede haber discriminación, dado que el impacto será mayor en los productores de menor tamaño. Si de mejorar los precios que cobran los agricultores se trata, la CNMC recuerda que existen otros mecanismos legales para hacerlo, como la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe a la industria comprar a pérdidas; la promoción de seguros frente a malas cosechas o la autorregulación voluntaria, que beneficia a los agricultores que decidan guardar parte de sus cosechas voluntariamente. Por su parte, desde COAG han sido muy críticos con una interpretación que creen que «deja en evidencia a quién sirve realmente la CNMC«. «Con este comunicado (la CNMC) no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva», ha denunciado Juan Luis Ávila, responsable de olivar de la organización agraria. Además, y esto no es poco importante dado que la CNMC insiste en que existen otros mecanismos para proteger a los agricultores, COAG también recordaron que el pasado 13 de mayo presentaron una denuncia formal ante Competencia por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite, una encomienda que el organismo «eludió solicitando datos de imposible acceso para la organización», aseguraron. Entonces, el precio estaba a 3,5 euros el kilo, y hay que recordar que un 25% de los 2,7 millones de hectáreas de olivar que hay en España son económicamente insostenibles por debajo de los 3,2 euros el kilo, según un reciente estudio de la Universidad de Jaén.
