El Supremo también investigará a Alvise por acoso a dos exeurodiputados de su partido

El Supremo investigará al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por revelación de secretos y el supuesto acoso a dos eurodiputados de su formación política, Se Acabó la Fiesta, que concurrieron con él a las elecciones del pasado año y que tras resultar elegidos pasaron a formar parte del grupo Conservadores y Reformistas Europeos.

La Sala Penal admite así a trámite la querella interpuesta el pasado junio por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco al advertir indicios delictivos en los hechos denunciados, por lo que acuerda abrirle una nueva causa penal, la cuarta contra él, pues ya le investiga por la supuesta financiación ilegal de su partido, por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio y por difundir una PCR falsa de Salvador Illa.

Los dos eurodiputados que denunciaron a su excompañeros aseguran en su querella que fueron víctimas de una continua campaña de "hostigamiento" en redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise publicó sobre ellos -en un podcast y en un canal de Telegram-, llegando incluso a temer por su integridad física, pues reveló el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Tras filtrarse sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, recibieron un aluvión de mensajes ofensivos o amenazantes, obligándoles a soportar "una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas, cerrando algunas de sus redes sociales y limitando a terceros la posibilidad de comentarios en las que conservan". Del mismo modo, se vieron obligados a "no atender ninguna llamada telefónica procedente de número desconocido", lo que dificultó significativamente su labor parlamentaria y su propia "vida familiar", razón por la que Nora Junco tuvo que cambiar su número de teléfono.

Hostigamiento

Sus correos, señalaron, se vieron bloqueados al recibir regularmente "miles de ellos" con insultos y amenazas, ocasionándoles trastornos en su trabajo y les provocó además un "constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".

Para el Supremo, los hechos descritos presentan indicios delictivos en el comportamiento de Alvise, dado que el contenido de sus "explícitas llamadas", del mencionado podcast o de su canal de Telegram, que supuestamente "el mismo gestiona o dirige", llevó "a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil hacia los querellados".

Y es que según la Sala "aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales y para llevar a término su inicial propósito, el querellado pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas". Algo que puede constituir un delito de revelación de secretos.

A los magistrados les llama también la atención que no "cesara su actitud" después de que muchos de sus seguidores "hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política, cualquiera que ésta fuere".

Una conducta en la que la Sala cree advertir "una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público".