Donald Trump declara a los cárteles de la droga como "combatientes irregulares" ¿qué significa esto?
Once vidas sesgadas en aguas del Caribe. Ese es el balance de una operación militar estadounidense que tuvo lugar el pasado 2 de septiembre y que ahora cobra un nuevo sentido. El ataque, dirigido contra una embarcación presuntamente operada por la banda criminal Tren de Aragua, se saldó con la muerte de once personas y se ha convertido en el ejemplo más crudo de la nueva estrategia de Washington contra el narcotráfico.
De hecho, este violento episodio no es un caso aislado. Se enmarca dentro de una serie de al menos tres ataques perpetrados recientemente por las fuerzas norteamericanas en la misma zona. La situación añade una notable tensión geopolítica, ya que ha trascendido que como mínimo dos de los barcos interceptados y atacados por Estados Unidos procedían de Venezuela.
Ahora, la Casa Blanca ha puesto nombre y marco legal a esta nueva doctrina de intervención. La Administración del presidente Donald Trump ha declarado formalmente a los cárteles de la droga como «combatientes ilegales», lo que en la práctica supone un giro en la política antidroga del país. Esta designación sitúa a Estados Unidos en lo que define como un «conflicto armado no internacional» con estas organizaciones.
Un paraguas legal para la acción militar
En este sentido, el Pentágono ya ha comunicado formalmente al Congreso esta nueva clasificación, justificándola como una herramienta necesaria para frenar el flujo de estupefacientes hacia su territorio. Sin embargo, no ha proporcionado una lista concreta de las organizaciones que serán consideradas objetivo, tal y como han publicado en Defense News. La medida, en esencia, dota de cobertura legal a operaciones militares que ya estaban ejecutándose sobre el terreno.
Sin embargo, la medida ha desatado una considerable tormenta política en Washington. Legisladores de ambos partidos y diversos grupos de defensa de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo, al considerar que la decisión supone una clara extralimitación del poder ejecutivo. El principal argumento de los críticos es que se está utilizando al ejército para desempeñar funciones que deberían corresponder exclusivamente a los cuerpos policiales.
Además, la preocupación de fondo es que se esté creando un atajo jurídico para sortear la autorización del Congreso, un requisito indispensable para emprender acciones militares de carácter sostenido en el extranjero. Esta maniobra podría sentar un precedente de consecuencias imprevisibles, abriendo la puerta a futuras intervenciones armadas sin el debido control parlamentario que exige el sistema estadounidense.