Los socialistas no muestran prisa alguna para que los gallegos puedan circular gratis por su autopista más importante. Aunque, tras meses de parálisis, los socialistas han aceptado, por fin, desbloquear parcialmente en el Congreso de los Diputados el debate de la ley impulsada desde Galicia para que sea la Comunidad Autónoma, y no el Estado, quien gestione directamente la AP-9. Una reclamación que, en el Parlamento gallego, goza de unanimidad, pero que hasta ahora en la Cámara Baja solo se había encontrado con trabas. Lo que ha hecho este martes la Mesa del Congreso –el órgano de gobierno de la Cámara– ha sido, concretamente, cerrar el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. Sigue abierto, en todo caso, el plazo para registrar enmiendas parciales al articulado de la futura ley. El de este martes es un paso más en el trámite parlamentario, que llevaba meses congelado, para que el Pleno de la Cámara Baja pueda debatir, por fin, la iniciativa. En febrero de 2021, el Congreso de los Diputados había aprobado iniciar los trámites para debatir el traspaso de la AP-9 a la Xunta, pero, con el adelanto de las elecciones generales de aquel año, el asunto acabaría guardado en un cajón. El nuevo movimiento se apresuró a anunciarlo el único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego: «La semana que viene sería el plazo de enmiendas parciales, para que esta ley se pueda tramitar cuanto antes. Nuestro objetivo es que sea en este periodo de sesiones», es decir, antes de que finalice el año. El diputado nacionalista también ha intentado atribuirse el mérito de este avance: «Conseguimos que el PSOE se moviera y que hoy mismo en la Mesa se vaya a cerrar el plazo para la tramitación de la ley de transferencia de la AP-9 a Galicia». Sin embargo, lo cierto es que el BNG no tiene representación alguna en la Mesa del Congreso de los Diputados. Esos golpes de pecho de los nacionalistas fueron criticados desde las filas populares. El diputado y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes, Celso Delgado, lamentó que el BNG quiera hacer creer que fueron ellos quienes consiguieron el «cambio de postura» del PSOE, cuando, en realidad, «el BNG es un socio habitual en las posiciones del Gobierno de Sánchez y, por lo tanto, es responsable de que a día de hoy sigamos en esta situación: sin traspaso ni gratuidad de la autopista». Cabe recordar, en todo caso, que fue el Gobierno que presidía José María Aznar el que, en el año 2000, decidió prorrogar hasta 2048 la concesión para permitir que Audasa siguiera gestionando la autopista. La Comisión Europea acabaría considerando ilegal la mencionada prórroga. En el PP tampoco comparten el optimismo del BNG sobre los plazos, recordando que esta última fue «la prórroga número 59, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, al plazo de presentación de enmiendas». «Ya son casi seis años de bloqueo desde que, en diciembre de 2019, diese inicio la tramitación de esta proposición en la Cámara Baja», recordó ante los medios de comunicación Celso Delgado, según recogió Europa Press. Las reacciones a lo –poco– que se había movido el asunto en el Congreso se sucedieron también después en el Parlamento de Galicia. Tras la reunión de la junta de portavoces de la Cámara autonómica, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, aseguró que su formación tiene una hoja de ruta «muy clara» sobre esta infraestructura, que afecta directamente «al bolsillo» de los gallegos y gallegas, y que pasaría por lograr su gratuidad. En todo caso, los movimientos de ayer en la Mesa del Congreso se refieren solo a un hipotético traspaso de competencias del Estado a la Xunta, pero no –al menos por ahora– a su posible y futuro rescate con fondos públicos, lo que permitiría que los gallegos pudieran usarla sin coste. El PP y el BNG piden al Ejecutivo de Sánchez que rescate la autopista, es decir, que se liquide la prórroga ilegal que, a criterio de la Comisión Europea, el Gobierno de Aznar concedió a Audasa. Sobre el coste que supondría para las arcas públicas ese rescate, nadie se pone de acuerdo. Mientras el BNG lo calcula en mil millones de euros, el Ministerio de Fomento cuatriplica esa estimación. Las cifras que maneja la Xunta se sitúan en un término medio, algo más moderado.
