La ILP antitaurina fracasa en el Congreso tras la abstención del PSOE
El Congreso de los Diputados ha puesto punto final a la tramitación de la ILP antitaurina. Este martes, 7 de octubre, la Cámara Baja debatió y votó la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular impulsada por colectivos animalistas con el objetivo de derogar la Ley 18/2013, la norma que reconoce la tauromaquia como parte del Patrimonio Cultural de España y garantiza su protección en todo el territorio nacional. Pero la propuesta no logró superar su primer obstáculo: el PSOE se abstuvo y, con ello, tumbó las aspiraciones de sus socios de gobierno y del sector más beligerante contra la Fiesta. La ILP ha sido rechazada por el Pleno del Congreso y no continuará su trámite parlamentario.
La sesión arrancó a las 15:00 horas, con intervenciones que evidenciaron el carácter ideológico del debate. Por un lado, Sumar, promotora de la iniciativa, encontró respaldo en formaciones como EH Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PNV y Podemos. Frente a ellos, el Partido Popular y Vox se opusieron con firmeza, denunciando el intento de eliminar de forma sectaria una expresión cultural con siglos de historia. La clave del resultado, sin embargo, estuvo en el grupo socialista, que optó por no respaldar la iniciativa y marcó con su abstención el desenlace del proceso.
De los 344 votos emitidos, 169 fueron en contra de la ILP, 57 a favor y 118 abstenciones. Una mayoría clara que impide que la iniciativa se debata como proyecto de ley y que garantiza, por tanto, la continuidad de la tauromaquia como bien protegido por la legislación española. La Ley 18/2013, impulsada también en su día como ILP pero respaldada entonces por una mayoría absoluta, seguirá en vigor.
La posición del PSOE fue especialmente seguida por el mundo taurino y por todos los sectores vinculados a la libertad cultural. En su intervención, la diputada socialista Maribel García López apeló a la necesidad de “convivencia” y defendió una visión territorial diversa: “España no es homogénea. Hay lugares donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y otros donde no”. Aunque no fue una defensa explícita del toreo, su mensaje sí apostó por el respeto institucional y por evitar un uso político del concepto de cultura.
Desde el Partido Popular, la diputada María Soledad Cruz-Guzmán fue rotunda: “Nadie conoce la historia de España sin conocer la de la tauromaquia. Esto no es un debate cultural, sino un intento de cortina de humo”. En la misma línea, la senadora de Vox, María José Rodríguez de Millán, subrayó que la tauromaquia “no pertenece a ningún partido, sino al pueblo”, y denunció que se trataba de una ofensiva ideológica “de quienes odian a España”.
La propuesta de derogar la protección legal de la tauromaquia contaba con 664.777 firmas válidas, recogidas por unas 200 organizaciones animalistas, y había sido validada por la Junta Electoral Central el pasado mes de febrero. Sin embargo, la votación de este martes ha supuesto su rechazo formal y ha zanjado su recorrido legislativo antes de que pudiera iniciar siquiera su trámite como proyecto de ley.
La decisión ha sido celebrada como una victoria simbólica e institucional por parte del mundo del toro. En un momento especialmente sensible, con varios ataques políticos y sociales sobre la tauromaquia, también en otros países, el resultado de la votación refuerza su posición legal y blinda su consideración como parte del patrimonio cultural. Una respuesta clara a quienes pretendían legislar por vía de imposición lo que la sociedad no ha pedido.
“El toreo no es un privilegio, es una manifestación cultural con arraigo, historia y valor”, aseguran desde distintas fundaciones taurinas. Más allá de la defensa estética o artística, la continuidad de la protección legal representa también la garantía de libertad para ganaderos, profesionales y aficionados de todo el país, que cada año sostienen una actividad con impacto económico y social en numerosos territorios.
La abstención del PSOE ha abierto una brecha con sus socios, pero ha sido interpretada como un acto de responsabilidad institucional. Porque lo que se votaba no era una moda política, sino la permanencia —o no— de un legado que forma parte de la identidad de millones de españoles. Hoy, el Congreso ha dicho que el patrimonio no se borra por decreto.